Los seis exdirectivos de Divalterra involucrados en el caso Alquería no son los únicos que percibieron indemnizaciones por encima de lo que estipula la ley tras abandonar la empresa pública. Los resultados provisionales de la inspección desplegada por el Interventor de la Diputación de València han permitido determinar que hubo al menos otros tres casos similares desde 2012 en el marco del sector instrumental que gravita en torno a la institución.
A finales de 2020, Divalterra reclamó a varios altos cargos cesados en 2018 la devolución de 105.000 euros cobrados en concepto de finiquitos después de reparar la Intervención en que los importes se habían calculado sin tener en cuenta la regulación estatal en vigor desde 2012, que rebajó este tipo de indemnizaciones de 20 a 7 días por año trabajado. Después de dedicar el primer trimestre de 2021 a revisar todos los ceses de exdirectivos ejecutados en los últimos 9 años, tanto en la empresa de las brigadas como en las otras entidades vinculadas a la corporación provincial, el interventor desveló ayer (a preguntas de la diputada de Cs Rocío Gil) que había detectado «alguna indemnización indebida más» y dio un plazo de una o dos semanas para responder alegaciones y presentar un informe definitivo donde se plasmarán todos los finiquitos abonados por los órganos dependientes de la diputación al margen de la ley de referencia.
De momento, lo único que ha trascendido es que los nuevos casos afectan a tres exdirectivos y que no todos pertenecían a Divalterra. «Se tiene que reclamar hasta la última consecuencia», dejó claro ayer el presidente de la diputación, Toni Gaspar, que recordó que los primeros pagos indebidos detectados se pusieron en conocimiento de la justicia. Pero recuperar el dinero no es fácil: el plazo habría prescrito y los seis exdirectivos procesados en el caso Alquería no han cumplido el requerimiento extrajudicial de pago de la diputación, a la espera al desenlace del juicio.
Por el pleno de la corporación también pasaron ayer dos auditorías de 2019 que instan a reclamar 8.140 euros al gerente de Girsa, Luis Tejedor, y 627 euros al jefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, supuestamente por haber cobrado retribuciones por encima del límite salarial establecido para los altos cargos, en el caso del primero acumuladas desde 2016.
En las alegaciones, Tejedor rechaza esa petición y defiende que su salario se ha ajustado a los nuevos límites definidos por la diputación. Por su parte, Divalterra responde que está estudiando «la procedencia e instrumentalización de la reclamación» a Vera, cuyo contrato de alta dirección se regularizó a finales de 2020 para adecuarlo a la normativa.
