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La demora en la renovación pone al límite el Consell de Transparencia

El tripartito amplía el plazo de enmiendas para la nueva normativa y el PSPV plantea incrementar a cuatro el número de miembros

Ricardo García Macho, presidente del Consell de Transparencia. | LEVANTE-EMV

Ricardo García Macho, presidente del Consell de Transparencia. | LEVANTE-EMV

El retraso que acumula la Ley de Transparencia y Buen Gobierno presentada en septiembre de 2020 en las Corts por parte de los tres grupos parlamentarios de izquierdas (PSPV, Compromís y Unides Podemos) tiene al límite a los miembros del Consejo de Transparencia, el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la actual ley de transparencia.

El malestar ha ido a más después de que el tripartito haya acordado ampliar el plazo para la presentación de enmiendas por parte de los grupos. Los integrantes de este órgano, que resuelven cientos de reclamaciones por vulneración de los principios de transparencia o publicidad activa, están en funciones.

Su mandato expiró (la mayoría desde diciembre de 2020) y varios de ellos hace tiempo que quieren dar por finiquitado su paso por el órgano, entre ellos su presidente Ricardo García Macho, quien está postergando su marcha por su compromiso con el órgano.

El Consell de Transparencia es consciente de que el horizonte se presenta con nubarrones ya que a la lentitud con la que ha avanzado la tramitación de la ley, se suma ahora un nueva demora ya que los grupos tendrán hasta el 16 de julio para enmendar el texto. Con el periodo vacacional de por medio, en el que la actividad parlamentaria queda reducida al mínimo, cualquier avance tendrá que esperar a septiembre.

La aprobación es clave

Aprobar la nueva ley es clave para este órgano independiente pero adscrito a la Conselleria de Transparencia. La ley recoge un cambio en la composición del consejo, por lo que el Botànic está esperando a ese momento para proceder a la renovación del órgano.

En febrero, la Conselleria de Participación y Transparencia incrementó las dietas que hasta ahora venía pagando a los miembros, un gesto con el que el Consell intentaba frenar el descontento de un consejo agotado por la carga de trabajo y la falta de personal de apoyo.

La petición por parte de los grupos de más tiempo para pulir el contenido de la ley y tratar de llegar a un consenso sobre el futuro consejo ha sentado como un jarro de agua fría e incide en el malestar.

Y es que nueve meses después de que el texto llegara a las Corts sigue sin haber acuerdo en el tripartito sobre cómo configurar ese futuro consejo de Transparencia. La propuesta de ley presentada en las Corts (si bien ‘cocinada’ en el departamento que dirige Rosa Pérez) propone que el órgano se reduzca y en lugar de los actuales cinco miembros , se nombren tres personas, todas ellas con dedicación exclusiva y con rango de dirección general. El actual consejo sólo cobra dietas por asistencia a las reuniones.

Unides Podemos defiende un adelgazamiento el consejo, pero el PSPV está buscando una vía intermedia ya que teme no encontrar candidatos o candidatas dispuestas a dar el paso ya que ni la carga de trabajo ni el salario puede resultar atractivo para alguien que ya se encuentre activo, por ejemplo, con un perfil profesional o académico. En este sentido, apuestan por contar con cuatro miembros y que la mitad tenga dedicación exclusiva.

PSPV ya ha iniciado conversaciones con sus socios para tratar de llegar a un acuerdo, pero aunque el consenso se diera en torno a este asunto y la ley, que ya ha pasado por el trámite más farrogoso de la participación pública, se aprobara en otoño, el consejo no quedará renovado de facto. De hecho, el tripartito deberá enmarcarse en la búsqueda de apoyos con la oposición ya que la ley marca que la elección requiere una mayoría cualificada de tres quintos, es decir, al menos 60 diputados. La izquierda tiene 52 por lo que necesita apoyos de la oposición.

Malestar ‘in crescendo’ desde su creación

El transcurrir del Consell de Transparencia ha estado plagado de dificultades. El órgano ha dejado patente su malestar en todas la memorias anuales, también en la reciente de 2020, donde se hacen eco de los problemas al no haber contado con una oficina de apoyo robusta para hacer un trabajo que crece año tras año. Los expedientes abordados han alcanzado la cifra de 250 el ejercicio pasado. El consejo denuncia la carga de trabajo acumulada que, lo que es má grave, merma sus funciones y el control al Ejecutivo.

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