Un perro pequeño, de raza indefinida, y cuyas costillas empiezan ya a marcarse, vaga desorientado por la avenida principal de la urbanización. Deambula desde buena mañana arriba y abajo, escarbando entre los restos de basura que han desbordado del contenedor como siempre demasiado lleno. Su nombre podría ser Blanco, Coco o Toby. Idéntica situación podría el lector imaginarla en cualquier punto de la geografía española. Para cuando algún vecino se decida a llamar al ayuntamiento de turno, o a la protectora más próxima, Roni,Pipo o Max habrá desaparecido por alguna de las sendas montañosas que surcan el enclave. Una historia, la del abandono, que se repite desgraciadamente todos los veranos. Algo que la nueva Ley de Bienestar, Protección y Tenencia de Animales de Compañía de la Comunitat Valenciana tipifica como delito. Y grave además, porque en el texto normativo que ahora entra en las Corts Valencianes se considera maltrato cuando pueda peligrar su vida o integridad. Algo inaceptable en sociedades avanzadas, pero que año tras año constituye el principal problema de los animales de compañía en España.
Solo en 2020 llegaron a los distintos centros de acogida españoles162.000 perros y 124.000 gatos, aunque en el caso de los primeros los ingresos han caído un 11,5 % respecto a 2019. Algo que el informe de la Fundación Affinity Animales y Salud achaca a un menor número de canes perdidos. Sin embargo, la cifra de gatos es similar a la del ejercicio anterior. Como dato positivo, la adopción por parte de las familias aumentó ligeramente a pesar de las restricciones sobre la movilidad y el impacto de la pandemia en la economía.
Entre los motivos declarados de cesión de un animal de compañía a un centro de acogida se colocan en cabeza los económicos, hasta un 18,8 %. Las camadas indeseadas son el segundo factor (13,9 %), seguido por problemas de comportamiento (11,5 %), el fin de la temporada de caza (10,1 %) o la pérdida de interés en la mascota (8,6 %). En menor medida se sitúan la falta de tiempo o espacio, el cambio de domicilio a un piso más pequeño o de alquiler, un traslado, o la pérdida del empleo. Las vacaciones suponen un 3,6 % y por lo que parece con cifras a la baja. Tal vez efecto de una mayor concienciación social.
Cambios legales
Los cambios legales en el terreno de la protección animal se están produciendo a nivel autonómico con el texto elaborado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, pero también en el estatal con la consideración de las mascotas como «seres sintientes». En el caso del texto valenciano se les señala como «seres sensibles», lo que obliga a procurarles un trato acorde a «las necesidades etológicas y físicas de la especie y de cada individuo». Como novedad importante, la Generalitat Valenciana tiene prevista la creación de un registro de maltratadores. Una herramienta que permitiría penas mayores para los reincidentes, así como impedir el cambio de autonomía de núcleos zoológicos que acumulen denuncias. Avanzar hacia el sacrificio cero y fomentar la adopción son otras vías.
Informes veterinarios clave
El Colegio de Veterinarios de Valencia reclamó hace unas semanas la creación de un nuevo cuerpo de peritos veterinarios para juicios por casos de maltrato. Su presidenta, Inmaculada Ibor, enviaba la petición al director general de Derechos de los Animales del Gobierno, Sergio García, para que al calor de las nuevas reformas legislativas que están en marcha se promueva a escala nacional.
«Hasta el momento muchos peritos veterinarios han actuado de forma voluntaria, aportando su criterio técnico frente a este tipo de delitos pero el cambio de normativa está poniendo de manifiesto que esta colaboración altruista no es suficiente», señalaba en su escrito. «Para transformar en profundidad la perspectiva de la judicatura y de la sociedad en general, es imprescindible la profesionalización de todos los sectores implicados, incluidos los peritos veterinarios», incide Ibor.
Otra llamada de auxilio partió del fiscal de Medio Ambiente de Valencia Eduardo Olmedo, quien considera que los informes de los veterinarios son «clave» en los procesos por maltrato. Son un instrumento que refleja desde criterios científico-médicos las situaciones en las que se produce «un grave menoscabo de la salud animal, tanto a nivel físico como psicológico». Desde la propia Fiscalía de Medio Ambiente de València se solicitó el pasado mes de junio al Colegio de Veterinarios de Valencia la colaboración voluntaria de personal asignado para peritajes en los juicio de maltrato. En apenas dos meses ya se han apuntado a esta iniciativa 39 veterinarios voluntarios. «Pero trabajar por amor al arte no es la solución, es un parche», sostiene Olmedo.
Así, considera vital para el buen funcionamiento de la Justicia en materia de maltrato animal la creación de plazas de veterinarios forenses adscritos al Instituto de Medicina Legal. «Por lo menos los juzgados deberían contar con un perito veterinario por provincia, que colaboren directamente y a los que se les presupone una objetividad e imparcialidad como servicio público», indica a Levante-EMV. Cada vez están teniendo que hacer más periciales por maltrato psíquico a animales, y no todos los veterinarios están capacitados para hacer un informe sobre las secuelas psíquicas que puede ocasionar al animal.
Olmedo, autor del libro «Los delitos de maltrato animal en España», estima que las penas privativas de libertad, por su escasa duración y por dirigirse generalmente a personas con una reducida peligrosidad criminal, resultan inadecuadas. Debería legislarse en el sentido de incluir penas alternativas a las actuales, como tareas comunitarias. «Mientras tanto, existen en nuestra legislación formas de convertir estas penas privativas de libertad en medidas reeducativas respecto a los penados, como pueden ser trabajos en beneficio de la comunidad o participación en programas reeducativos en materia de protección animal», señala. Las mascotas lo merecen.