La reforma de la financiación autonómica puede dar un paso adelante el próximo mes de noviembre. El movimiento lo ha confirmado la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Inés Olóndriz de Moragas, quien ha reafirmado en la Comisión de Presupuestos del Congreso el compromiso que ya había adquirido tiempo atrás la titular del departamento, María Jesús Montero, de presentar la propuesta del cambio de modelo en noviembre.
«Confío» ha sido el verbo utilizado por Olóndriz de Moragas respecto a que «a final del próximo mes» Hacienda ponga encima de la mesa un borrador del nuevo modelo. «La ministra se comprometió y vamos a presentar esa propuesta de reforma», ha señalado. Esta sería —si se cumple lo previsto, aunque no sería la primera vez que no ocurriera— un avance de nivel en un proceso que todavía se espera largo, pero que supondría progresar y dejar atrás una casilla abonada al discurrir de los meses sin cambios.
Así, sobre esa propuesta que elaborará el ministerio, la secretaria general ha indicado que en los últimos «meses y semanas» se lleva analizando la idea de la población ajustada (criterio sobre el que dijo que se ceñirá el documento), analizando los componentes que condicionan el reparto e «intentando incorporar nuevos elementos para enriquecer» ese índice. Estos pueden variar desde dar más valor en el cálculo al envejecimiento o a la dispersión, lo que acaba cambiando el reparto.
En este sentido, Olóndriz de Moragar ha destacado que el sistema deberá regirse por ser «razonable, suficiente y explicable» en referencia, primero a su sencillez (hay muchas quejas respecto a que es muy complicado entender su funcionamiento) y segundo, a que no se generen desigualdades que, en palabras de la alto cargo, «no respondan a ninguna lógica».
Desde Hacienda han desgranado en la comparecencia que desde que estalló la pandemia se había puesto el foco «en salir de la situación de crisis» de la covid, pero que no se había abandonado el asunto de la financiación. Y lo ha ejemplificado asegurando que había mantenido varias reuniones técnicas con las diferentes autonomías y que se está «ultimando el trabajo» que permitirá «dar forma a los criterios de población ajustada».
También se ha mostrado partidaria de unificar los diferentes fondos y transferencias por parte del Estado (como el de Cohesión Social o la liquidación del IVA) que acaban complementando al sistema de financiación ordinario y que difuminan y dificultan el cálculo global de lo que recibe cada una de las autonomías.
Que haya una propuesta de reforma del Gobierno de España es tan solo un paso que se ha venido demorando en el tiempo, pero no supondrá la aprobación de un nuevo sistema. Este todavía se tendrá que debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que están representadas las diferentes comunidades autónomas (con sus diversos intereses en esta materia) para, posteriormente y tras la consiguiente negociación, llegar al Congreso y al Senado donde se acabaría de votar el modelo definitivo.