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Análisis

El adelanto electoral cotiza a la baja

La incertidumbre tras la última ola de la pandemia y la inestabilidad económica restan estímulos a avanzar las autonómicas. La remodelación del Consell también se ha enfriado ante la complejidad que representa

El líder del PPCV, Carlos Mazón, conversa con Ximo Puig en un acto reciente. | LEVANTE-EMV

En momentos de inestabilidad ambiental, mejor la prudencia política. Es otra versión del clásico «en tiempos de desolación, no hacer mudanza» (San Ignacio de Loyola). Es la lectura que realizan del momento actual en los despachos principales del Palau de la Generalitat. A pesar de ser un debate recurrente en corrillos parlamentarios y mediáticos, las posibilidades tanto de un adelanto de las elecciones autonómicas como de una crisis de Consell han perdido fuerza de forma considerable.

El dibujo de una convocatoria electoral a lo largo de 2022 (el otoño ha sido hasta ahora la opción más fuerte) y no en la primavera de 2023 pasaba por un escenario claro de recuperación económica, que hoy está en duda o retrasado. La virulencia de la última ola de la covid-19 en Centroeuropa, que también se advierte ya en España a pesar de los altos índices de vacunación (90 % de la población diana), unida a la aparición de una variante nueva del coronavirus repleta de intrigas, plantea el regreso de síntomas de incertidumbre.

No es este el mejor clima para la economía. Es un factor crítico más en un periodo inestable y volátil. Por un lado están las buenas cifras de evolución del empleo. Por otro, unas previsiones de crecimiento revisadas a la baja, una inflación en cotas desconocidas, el precio de la energía por las nubes, las reservas de gas bajo mínimos y problemas con suministros básicos para la industria.

En el terreno de las emociones, no existe de momento la percepción social de entrada de un chorro de millones procedente de la Unión Europea y tampoco la de una recuperación económica potente e indiscutible. Los avances en los indicadores se ven envueltos de dudas ante la persistencia de la amenaza del virus casi dos años después.

El marco argumental de un crecimiento sólido se retrasa, por tanto. Y ese era el paisaje sobre el que se dibujaba el horizonte de un posible adelanto electoral. A ello hay que añadir como factor desestimulante de avances que tanto en la Comunitat Valenciana como en España se cuenta con presupuestos aprobados, lo que añade un margen de sosiego en ambos casos. Y tiene importancia porque la influencia de un adelanto electoral por Pedro Sánchez es en este momento posiblemente el argumento de más peso para un anticipo por parte de Ximo Puig por el efecto movilizador que supone. Como ya pasó en 2019. Al president le sigue quedando además como elemento motivador no dar la oportunidad al nuevo líder del PPCV, Carlos Mazón, de ganar notoriedad, ahora baja.

Que el adelanto pierda estímulos podría ser un incentivo para una remodelación del Consell, al estilo de la practicada por Sánchez el pasado verano. Una forma de relanzar la acción del Ejecutivo. Sin embargo, la crisis de Gobierno valenciana también se ha enfriado en los últimos días si sirve como valor de medida los contactos de Puig con su equipo de confianza y notables socialistas al respecto. Estas consultas se han moderado en los últimos días, aseguran en el entorno del jefe del Consell. Y el tiempo se agota. Se puede decir que al president le queda un margen de días para esa decisión. Porque una reforma en el último año de legislatura dejaría sin prácticamente tiempo de asentarse en sus cargos a los nuevos consellerso.

La idea de estabilidad se impone, por tanto, en un contexto de nubosidad variable. También para las políticas del Botànic. Presidencia se aferra, por una parte, al criterio de mantener la economía abierta para intentar soplar a favor de la recuperación. Por otra, se agarra a las posibles consecuencias positivas de la nueva ola y la llegada de la variante ómicron: un aumento de la vacunación en Europa y la adopción por fin de soluciones para la parte pobre del planeta. Estas variables sí que marcarían un horizonte más sólido de confianza social y de recuperación económica, que es el que el Consell espera tener a la hora de sacar las urnas.

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