La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe CV) denuncia este martes "la desesperante espera que miles de personas con discapacidad llevan viviendo desde hace años por una valoración a tiempo y una baremación actualizada". En concreto, han denunciado que los casos que llegan a la entidad tienen demoras de hasta dos años en conceder el certificado de discapacidad cuando el máximo legal es de tres meses.
En la C. Valenciana, el tiempo de respuesta a los usuarios que llegan a la entidad es variable según la capital. En la provincia de Valencia, la media es de 18 meses y hay personas que tardan hasta 28 en conseguir valoración. En Alicante de entre 1,5 y dos años mientras que en Castelló este tiempo se sitúa entre seis y 12 meses.
Los datos que aporta Cocemfe contrastan mucho con la lista oficial de Conselleria de Igualdad. En concreto, la media de tiempo de espera es de dos meses y 21 días en la provincia de València, 7 meses y 10 días en Alicante y 7 meses y 19 días en Castelló.
La entidad ha denunciado estos retrasos como parte de la campaña #EsperaYDesespera, impulsada a nivel nacional. La campaña se ha organizado por el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ha contado con la participación de representantes de la entidad y de personas que actualmente permanecen a la espera de su valoración o de renovar el baremo y que exigen terminar con esta situación.
"En los casos más graves hay personas que han fallecido antes de tener la resolución", remarca Cocemfe
El vicepresidente de Cocemfe Valencia, Ezequiel Ruiz, explica que "no recibir una valoración o una revisión del grado de discapacidad a tiempo nos perjudica en el empleo, la educación, la accesibilidad, la salud… y también nos impide acceder a prestaciones que compensan la desigualdad de oportunidades. Es un sistema de derechos al que se nos está impidiendo acceder, con las graves consecuencias que esto tiene para nuestra plena inclusión y participación activa en la sociedad”.
En los casos más graves, remarca Cocemfe, hay personas que han fallecido antes de tener la resolución y han tenido que estar durante todo ese tiempo de espera sin recibir apoyos en el momento en que más los necesitaban.
Incertidumbre vital
Ruiz destaca que se trata de un trámite de vital importancia para las personas con discapacidad: “Esa incertidumbre provoca que muchas personas con discapacidad no puedan elaborar su propio plan de vida. En lugar de recibir apoyos en los momentos más complicados, lo que tenemos es una espera que se nos hace infinita. Necesitamos concreción y rapidez en estos trámites y saber si vamos a tener acceso o no a ciertas prestaciones o medidas de apoyo”, indica. El movimiento asociativo pide "concreción y rapidez en estos trámites".
A todo esto, se suma el nuevo baremo de discapacidad, cuya espera asciende a más de 20 años. En este sentido, han destacado la urgencia de poner en marcha el nuevo baremo del grado de discapacidad, el cual ha sido consensuado entre organizaciones, como Cocemfe nacional, con el Gobierno y las comunidades autónomas.
"Es un sistema de derechos al que se nos está impidiendo acceder, con las graves consecuencias que esto tiene para nuestra plena inclusión", remarca Ruiz
Aunque el nuevo baremo no es ideal, porque no aporta certezas sobre su despliegue y no indica qué elementos va a incorporar frente a los grandes retrasos en la valoración y revisión del grado de discapacidad y frente a la infradotación de recursos en los servicios, que dificulta y condiciona la implantación, es necesario que se ponga en marcha porque incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, como la fatiga o el dolor, enfermedades reumatológicas o enfermedades que cursan con brote.
Esta denuncia forma parte de la campaña #EsperaYDesespera de Cocemfe nacional que ha escenificado hoy de forma simultánea un total de 18 filas frente a edificios públicos repartidas por España para protestar contra esta "desesperante espera y contra el impacto que provoca en el ejercicio de los derechos de miles de personas". En las ciudades de València y Castelló ha sido cancelada por la lluvia.
