Ramón Ferrando, Pego

El Ministerio de Defensa ha expulsado a un agente de la Guardia Civil de Pego que cobró a una británica 2.100 euros mensuales por vigilar las obras de su chalé durante doce horas por la noche. El acusado convenció a la víctima de que casi todo el cuartel de Pego vigilaba todas las noches su casa. El Tribunal Supremo acaba de ratificar la sanción por el descrédito que supone a la Guardia Civil. El condenado, que llevaba 22 años de servicio, ha pedido amparo al Tribunal Constitucional.

La Guardia Civil abrió una investigación interna contra todo el puesto del cuartel de Pego -seis agentes- en 2002, pero al final sólo actuó contra el que ahora ha sido sancionado al no tener indicios contra el resto de la plantilla. La mujer, que vivía en Inglaterra, estaba convencida de que en España era normal pagar a las Fuerzas de Seguridad para encargarles vigilancias privadas. La víctima llegó a hacer uno de los pagos en el cuartel de Pego, según recoge la sentencia del Supremo.

La mujer contrató el supuesto servicio de vigilancia con el guardia civil condenado en agosto de 2002. La víctima pagaba inicialmente 1.500 euros mensuales por un servicio diario de 21.00 a 7.00 horas. Poco después acordó adelantar el horario de vigilancia a las 19.00 horas con un incremento del precio de 600 euros.

El agente condenado firmó seis recibos por el importe del dinero acordado en «concepto de vigilancia del chalé de la partida de Mijanes en Pego». La víctima estaba convencida de que el «servicio lo realizaban tres o cuatro guardias civiles», según recoge la sentencia. Algunas veces durante el día se presentó en la finca la patrulla de servicio del puesto de Pego, «comentando -a los obreros- las incidencias del servicio de seguridad que venían prestando por la noche», precisa el fallo del Supremo.

El agente procesado mostró a la víctima «un cuadrante confeccionado con ordenador en el que se reflejaba la vigilancia realizada» y le insistió en que la hacía toda la plantilla de Pego «menos un guardia primero y el sargento».

A finales de octubre de 2002 la Guardia Civil abrió una investigación interna al descubrir lo que estaba pasando. El imputado, siempre según la sentencia, intentó conseguir los recibos de los pagos. La víctima denunció los hechos tras enterarse de que no era normal que la Guardia Civil prestara un servicio de vigilancia privada y que cobrara por ello.

El Ministerio de Defensa, organismo del que depende la Guardia Civil, llegó a la conclusión de que el agente cometió una falta muy grave, lo que implica su expulsión del Cuerpo. El agente recurrió la sanción ante el Supremo y presentó un centenar de firmas de vecinos de Pego que lo apoyaban. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha ratificado la sanción porque el acusado produjo en la víctima «una confusión evidente» al cobrar por «el desarrollo de una actividad estrechamente relacionada con las funciones que como guardia civil debía de prestar».