M. J. Mascarell, Calp La Conselleria de Infraestructuras precintó ayer el puerto deportivo Puerto Blanco de Calp, después de que la Generalitat rescatara la concesión administrativa en febrero de este año. Los operarios de la Dirección General de Puertos, dependiente de la Conselleria de Infraestructuras, empezaron a trabajar a primera hora de la mañana de ayer colocando vallas para impedir el acceso al varadero «por falta de seguridad» , según un comunicado de la conselleria. Incluso, iniciaron las obras para tapiar una oficina de Puerto Blanco, a lo que el vigilante se opuso.

Durante toda la jornada fueron muchas las especulaciones lanzadas desde diferentes sectores implicados sobre la causa del cierre del puerto deportivo. Por una parte, el gerente de las instalaciones, Antonio Trives, apuntó que en la concesión administrativa dada a la empresa VAPF en 1983 (y que caducaba en 2022) había una cláusula que exigía a la empresa ampliar las instalaciones y se llegó a presentar un proyecto que implicaba 500 amarres más en la zona. Sin embargo, «la conselleria lo desechó al considerar que no era factible medioambientalmente» . Por ello, dijo no entender la actitud del gobierno autonómico y atribuyó la decisión a «intereses ocultos» .

Por otra parte, el marido de la dueña del restaurante Puerto Blanco, Mike Versluys, no daba crédito a todo los sucedido ayer. «No pueden entrar por la fuerza y arrasar con todo, dejarnos sin trabajo» . Versluys explicó ayer a Levante-EMV que «en junio la conselleria nos avisó de que ampliaría la concesión sólo si se invertían unos 60 millones de las antiguas pesetas en las instalaciones cuando la Generalitat no se ha preocupado en 20 años de mantener este puerto y gracias a usuarios y socios lo hemos sacado adelante» . Por eso, «de golpe y porrazo y sin ningún aviso oficial han venido y han empezado a colocar vallas para impedir el acceso de los vehículos y nos han comunicado que teníamos 10 días para desalojar el recinto» , lamentó Versluys.

En cuanto a la versión oficial, la Conselleria de Infraetructuras aseguró que el cierre del varadero es provisional «ante las deficiencias detectadas en cuanto a la seguridad existente en el mencionado recinto» . Además, la administración autonómica aseguró que la decisión «no afecta al funcionamiento del puerto» .

En este sentido, la próxima semana la conselleria tiene previsto celebrar una reunión con los usuarios con el fin de abordar la situación creada y garantizar el correcto funcionamiento de Puerto Blanco. Según Trives, la reunión también servirá para alcanzar un acuerdo.

La Generalitat rescató en febrero de 2007 la concesión de Puerto Blanco por incumplimiento del condicionado de la concesión. Desde ese momento, la conselleria asegura haber tenido repetidos contactos con los representantes de los usuarios de los amarres con el fin de analizar y corregir la situación.

Mientras se resuelve esta cuestión administrativa, la Generalitat afirmó ayer que seguirá trabajando para garantizar el funcionamiento óptimo de las instalaciones.