A falta de informes jurídicos y técnicos que despejen las dudas sobre el encaje legal de la decisión del Consorcio de Residuos de modificar el plan de gestión para asumir las demandas de la Vall d'Albaida, reiteradamente tumbadas por los tribunales, fuentes del sector medioambiental expresan su temor a otra «legislatura en blanco», que termine sin cambios reales en la gestión de los residuos. La complejidad del rompecabezas ha impedido a los actuales gestores llevar a cabo los cambios anunciados con la rapidez esperada, pese a la voluntad política. Mientras la incertidumbre se extiende en el seno de las empresas concesionarias, la escenificación de la paz entre la Mancomunitat y el COR de momento solo ha servido para constatar que ambas administraciones invirtieron demasiado tiempo y dinero en sufragar una batalla judicial inútil que, eso sí, contribuyó a frenar los planes del COR la pasada legislatura, aún ganando las sentencias.