La resolución del Tribunal Supremo impidiendo que los concejales tránsfugas que pasan al grupo de no adscritos asuman delegaciones municipales y perciban retribuciones económicas por ello podría hacer peligrar al actual gobierno de Canals, donde dos regidores en esta situación forman parte del equipo de gobierno de Mai Castells (Compromís).
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó anteayer una sentencia en la que impide que los tránsfugas «asuman cargos o perciban retribuciones que antes no ejercían o percibían e impliquen mejoras personales, políticas o económicas», a raíz del caso del Ayuntamiento de la Font de la Figuera, en el que una concejala fue expulsada de Ciudadanos por apoyar al alcalde, de Compromís. Además, fue nombrada concejala de varias delegaciones, por las que percibió un sueldo. El PP denunció el caso y el TSJCV dictó en 2018 la anulación de estos nombramientos, así como que la concejala devolviera las retribuciones percibidas por ello.
Ahora, el Supremo ratifica esa sentencia y, además, fija doctrina para los casos de transfuguismo en los que los concejales asumen cargos y perciben retribuciones. Sienta, así, un precedente que implica al gobierno de Canals, con un caso prácticamente idéntico al de la Font de la Figuera. Dos concejales de Ciudadanos, Celia Bononad y Javier Pérez, apoyaron a la alcaldesa de Compromís, Mai Castells, en la toma de posesión. La formación naranja expulsó a los dos regidores, que pasaron al grupo de no adscritos, y después fueron nombrados concejales de varias delegaciones. Bononad, además de teniente de alcalde, asumió las áreas de Fira, Festes i Mercat. Pérez es concejal de Agricultura i Cementeri. Inicialmente los dos tránsfugas solo cobraban las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados (juntas de gobierno, plenos, comisiones,...). Pero el pasado enero pasaron a percibir un salario, tal como censuró el PSPV de la localidad, que desde el inicio de la legislatura ha denunciado el caso de transfuguismo y la asunción de cargos municipales por parte de los dos exconcejales de Cs. Los socialistas volvieron a denunciar ante el juzgado «este claro caso de transfuguismo en Canals», una denuncia que ha sido admitida a trámite por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de València, tal como publicó este diario a principios de este mes de octubre.
El PSPV pide a Castells que actúe
Con la sentencia del Supremo, el caso de Canals vuelve al primer plano y obliga a la alcaldesa, Mai Castells, ha pronunciarse. El portavoz del PSPV-PSOE de Canals, Antoni Orea, manifestaba ayer a este diario que con la resolución del Alto Tribunal «la alcaldesa tiene que cesar a esos concejales y que estos dejen el equipo de gobierno. Si no, la alcaldesa sabe que está cometiendo una ilegalidad», recalcó. Orea evidenciaba en declaraciones a Levante-EMV la similitud entre los casos de la Font de la Figuera, que ha sentado el precedente, y el de Canals. «Son casos idénticos», afirmaba, señalando que el Supremo «nos da la razón a los socialistas. Las resoluciones del Supremo crean jurisprudencia, por lo que los dos concejales tránsfugas de Canals no pueden estar más tiempo en el equipo de gobierno». El portavoz de los socialistas señalaba que «hasta ahora, la alcaldesa se escudaba en que el Supremo no se había pronunciado. Ahora ya tenemos la sentencia del Supremo y la alcaldesa tiene que mover ficha. Tiene que actuar y destituir a los dos tránsfugas», concluía Orea.
Penadés (PP): «Hemos conseguido crear jurisprudencia»
La portavoz del PP de la Font de la Figuera, Mª José Penadés, que denunció el caso de la concejala tránsfuga de la localidad, mostraba ayer su «satisfacción» por la resolución del Tribunal Supremo. «Hemos conseguido crear jurisprudencia sobre el caso», declaraba Penadés a Levante-EMV, señalando que «un tránsfuga no puede hacer lo que hace por intereses propios, porque además el que más pierde es el pueblo», afirmaba la regidora del PP, señalando el dinero gastado en el caso por el Ayuntamiento de la Font de la Figuera, «dinero de todos los vecinos».
Penadés exponía el caso de Purificación Lluch, la concejala expulsada de Ciudadanos por apoyar al alcalde, Vicent Muñoz, de Compromís, en la toma de posesión como primer edil en 2015. Después fue nombrada primera teniente de alcalde y concejala, entre otras, de las áreas de Promoció Econòmica y Turisme. Penadés exponía que Lluch, además, «obró mal, cometió un error y es que no esperó a tener las delegaciones como concejala de Ciudadanos y después abandonar el grupo, lo que hubiera impedido que pudiéramos denunciarlo». El PP llevó el caso de transfuguismo a los juzgados y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) dictó en 2018 la anulación de los cargos asumidos por Lluch, así como que ésta devolviera las retribuciones percibidas por ello. La concejala dejó los cargos y devolvió unos 20.000 euros percibidos por las delegaciones.
Ahora, el Supremo ha ratificado la resolución del TSJCV y, además, fija doctrina para casos de transfuguismo. Mª José Penadés expresaba su «indignación, porque si las cosas se hubieran hecho bien desde el principio no habríamos llegado hasta aquí», y añadía que «la gente está cansada de políticos que solo muestran querencia a un cargo por interés propio», dijo. La portavoz popular también se mostraba contenta porque con su denuncia «hemos creado jurisprudencia y hemos sacado los colores a los tránsfugas» y animó a que se denuncien estos casos de transfuguismo en la política.