Al final no habrá multa coercitivas para ninguno de los alcaldes a los que la Sindicatura de Comptes advirtió en junio por el retraso de sus ayuntamientos en presentar la relación de contratos correspondiente al ejercicio 2020. Los tres consistorios que en la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida fueron incuidos por el órgano fiscalizador en el listado de 26 entidades locales incumplidoras han acabado librándose de la sanción que pendía sobre sus cuentas al enviar la documentación dentro del último plazo requerido.
La Sindicatura dio inicio al procedimiento de castigo una vez se hubo sobrepasado ampliamente la fecha otorgada sin recibir ninguna respuesta a los requerimientos previos de información. De esta forma, el organismo autonómico ha conseguido obtener la relación de contratos del año pasado de todos los municipios tal como establece la legislación vigente.
En caso de no haber acatado la última petición, las multas podían ascender a una cuantía que oscilaría entre los 600 y los 3.000 euros y se impondrían a la autoridad o al personal responsable, que tendrían que haberlas abonado directamente de su bolsillo, sin poder derivar el pago a las cuentas públicas.
En el caso de las corporaciones de las tres comarcas, los munícipes consultados remarcan que en ningún caso el retraso en la rendición de los contratos fue intencionado. Julio Biosca, alcalde de Fontanars, atribuye la situación generada a los problemas de falta de personal que sufren los ayuntamientos pequeños. «Somos un consistorio modelo en transparencia dentro de nuestras posibilidades, pero a veces son muchos los trámites administrativos que se acumulan y el interventor no puede llegar a todo», recalca Biosca. El alcalde hace hincapié en que las limitaciones de medios humanos obligan al responsable de fiscalización a priorizar determinados procedimientos, dentro de los cuales la petición de la Sindicatura no era de los más relevantes. Biosca subraya que desde el primer aviso de incumplimiento por parte del órgano estuvo encima del cuerpo técnico para que se presentara la documentación, hasta que por fin ha podido subsanarse la cuestión, aunque lamenta que haya tenido que ser conminado bajo amenaza de multa. «Estamos muy contentos de la fiscalización estricta que se hace porque nos da tranquilidad como o vecinos y como ayuntamientos, pero no podemos llegar a todo», reitera el alcalde de Fontanars, que incide en la abundancia de secretarios e interventores -habilitados nacionales encargados de supervisar las cuentas de las corporaciones locales- que trabajan en régimen de interinidad en los municipios más pequeños. «Eso implica que en cualquier momento se van en a otra administración y tenemos que buscar a otro inmediatamente», explica Biosca. Una situación que impide a cualquier funcionario llegar a estabilizarse en un puesto de un consistorio de menor tamaño.
Error informático
En el caso de la Pobla del Duc, la razón de la demora del ayuntamiento en remitir la relación de contratos de 2020 es un error informático, según señala el alcalde de esta localidad de la Vall d’Albaida, Vicent Gomar. «Tuvimos un problema con la plataforma de rendición de cuentas y no se recibió nuestro envío en primera instancia», apunta. La solución ha consistido en volver a remitir toda la documentación, rogando a posteriori una confirmación de la llegada de la misma a la sede de la Sindicatura. «Muchas veces se envía pero hay problemas con las firmas digitales o con otros trámites que se piden y hay que asegurarse porque no sabes si ha llegado», incide el munícipe, aliviado porque su municipio haya dejado de formar parte de la «lista negra» del organismo fiscalizador.
Entre las instituciones que figuraban en la misma y fueron amenazadas con sanciones también estaba la Mancomunitat de la Costera de Ranes, aunque la Sindicatura ha desistido del procedimiento contra este ente al no presentar actividad desde hace años.