El fallo del Tribunal Constitucional que anula el impuesto municipal de la plusvalía ha cogido a la mayoría de los ayuntamientos en el peor momento posible, con los presupuestos de 2022 prácticamente cerrados y a punto de aprobarse. Ese es el caso de las dos principales corporaciones locales de la Costera y la Vall d’Albaida, que de momento han optado por paralizar el cobro de recibos a la espera de que se clarifique el alcance de la sentencia y de que el Ministerio de Hacienda articule algún tipo de solución compensatoria.
Al calor de la recuperación económica postpandemia, Ontinyent esperaba ingresar el año que viene 520.000 euros por el tributo que grava el incremento del valor de los terrenos en las transmisiones de inmuebles, un 8% más de lo previsto este año, en el que se estipuló una recaudación de 480.000 euros. Desde el consistorio, sin embargo, afirman taxativos que van a dejar de cobrar desde ya el impuesto y a anular los recursos que iba a generar en 2022. La desaparición de una cuantía tan elevada de las cuentas (el 4,4% de los ingresos por impuestos directos) tendrá efectos en las finanzas locales. La sentencia del Constitucional, unida a otros factores como la subida de la luz y el incremento de inversiones, obligará casi con total seguridad a recurrir al endeudamiento para que no haya problemas de liquidez. «No podemos suspender contratos ni dejar de pagar a proveedores», inciden fuentes municipales, que apuntan a la necesidad de ajustar el presupuesto para hacerlo un poco más restrictivo.
En Xàtiva se liquidan al año casi 3.000 plusvalías, a una media de casi 200 euros cada una. Para este 2021, el consistorio preveía ingresar 578.000 euros por el impuesto, pero el regidor de Hacienda, Ignacio Reig, avanza que se va a quedar en el cajón una remesa de 200.000 euros por la decisión de suspender el cobro. Una caída de ingresos que se «comerá» gran parte del superávit. «En este ejercicio la sentencia nos va a generar un agujero y nos llevará a tener un resultado presupuestario ajustado inferior a lo previsto», advierte el edil, que confía en que el Ministerio cumpla la promesa de reformular la normativa o palie las pérdidas a través de las inyecciones anuales por la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado.
Previsión intacta
En cualquier caso, como el equipo de gobierno de Xàtiva planea dar luz verde a las cuentas en cuestión de una semana, ha optado por mantener intacta la previsión de 580.000 euros en ingresos por la plusvalía que había fijado para 2022 -con una observación de la Intervención municipal aludiendo al fallo del TC- para evitar tener que efectuar recortes. Eso sí, posiblemente se tendrá que declarar la «no disponibilidad» de esos recursos, puntualiza Reig. En el marco de un presupuesto de 28 millones de euros, la plusvalía reporta al Ayuntamiento de Xàtiva casi un 6 % de los ingresos vía impuestos directos. La corporación dedica dos funcionarios en exclusiva para tramitar los pagos.
En los últimos años, la litigiosidad con los propietarios que impugnaban las liquidaciones del impuesto ha experimentado un fuerte auge. «Hay mucha gente que presenta alegaciones, aporta documentación y se le anula el pago», incide Reig. La consecuencia es una bajada significativa de estos ingresos, que se han reducido en 160.686 euros desde 2015. Eso sí, mayoritariamente quienes acaban librándose de pagar suelen ser bancos, gestorias o bufetes de abogados que emplean recursos en impugnar las resoluciones. Pese a la merma de ingresos, el regidor sostiene que la forma en que estaba planteado el impuesto en la ley estatal no era justa porque gravaba a los transmisores de inmuebles sin atender al desplome del valor de los mismos tras la burbuja del ladrillo.
L’Olleria suprimirá el impuesto de cara al año que viene
El Ayuntamiento de l’Olleria que preside Ramón Vidal (PP) ya tenía previsto suprimir el impuesto de la plusvalía, una medida que los populares llevaban en su programa electoral y que el fallo del Tribunal Constitucional no ha hecho más que acelerar. El consistorio todavía está calibrando el impacto de la anulación del tributo en sus cuentas, pero lo que tiene claro Vidal es que en 2022 pretende acabar con su aplicación municipal. En la legislatura pasada ya se aumentaron las exenciones.