Los agricultores y ganaderos profesionales cuyas propiedades están ubicadas en zonas con limitaciones naturales de un total de 34 municipios de la Costera, la Vall d’Albaida y la Canal de Navarrés podrían quedarse sin las ayudas específicas que reciben por su situación orográfica si se mantiene el ajuste del plan estratégico de la nueva Política Agraria Común (PAC) que ha presentado la conselleria de Agriculura, ya que en el borrador se eliminan este tipo de líneas económicas. Así lo denunciaron ayer desde la Unió de Llauradors, explicando que la situación afecta a un total de 138 municipios valencianos.
En el caso de la Costera, la Vall y la Canal las localidades implicadas son Agullent, Alfarrasí, Anna, Aieglo de Rugat, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bocairent, Bolbaite, Bufali, Carrícola, Castelló de Rugat, Quatretonda, Enguera, Fontanars dels Alforins, la Font de la Figuera, Guadasséquies, Moixent, Montaverner, Navarrés, Ontinyent, Otos, el Palomar, Pinet, la Pobla del Duc, Ràfol de Salem, Rugat, Salem, Terrateig y Vallada, según los datos aportados por la entidad agrícola.
Desde la Unió notificaron que las parcelas afectadas se encuentran en las llamadas «zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas» y apuntaron que «resultan más difíciles de explotar eficazmente debido a los problemas que plantean sus condiciones naturales». A su vez, recordaron que para evitar que se abandonen estas tierras, «la Unión Europea ofrece diferentes ayudas, tanto a través de programas de desarrollo rural como de regímenes de ayuda a la renta».
Sin embargo, el ajuste causa que las únicas subvenciones que permanece en tierras valencianas son las ayudas para las zonas de montaña, ya que los portavoces de la entidad agrícola apuntan que en los cambios introducidos en el borrador autonómico «no se contempla la ayuda al apoyo en las actuales Zonas con Limitaciones Naturales u otras Limitaciones Específicas».
Según sus cálculos, la línea de subvenciones contaba hasta la fecha con un presupuesto de 6,16 millones de euros. Por ello, desde la Unió tienen previsto presentar en todos los municipios afectados una propuesta de moción a los grupos políticos para presionar ante Agricultura: «El objetivo es que se revierta esta decisión, al tratarse de unas ayudas importantes y necesarias para el mantenimiento de la renta de unas personas que trabajan en el sector agrario en zonas con varias dificultades productivas y, por tanto, menos competitivas que el resto».
Según apuntaron los técnicos de la entidad agrícola, para optar a los pagos que están en la picota las parcelas de cultivo deben ubicarse en franjas de montaña donde su altitud o pendiente dificulte la agricultura o ser zonas con limitaciones naturales significativas, como las bajas temperaturas o la presencia de un drenaje limitado del suelo, entre otras características físicas.
También exponen que la situación se remonta a finales del año pasado «cuando el Ministerio de Agricultura presentó a la Comisión Europea el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agrícola Común (PEPAC) en España a partir del año 2023 y sacó a información pública la versión inicial de este documento y de su Estudio Ambiental Estratégico». «En la documentación figura la relación de ayudas territoriales de la Comunitat Valenciana y la sorpresa es que entre las medidas presentadas no se contemplan estas», dijeron.
«Se va a dejar así sin esta ayuda a profesionales del sector agrario cuando en otras comunidades autónomas vecinas sí se mantienen. Se incrementa la brecha de apoyo público», apostillaron.