La Audiencia Nacional ha condenado a Adif a pagar medio millón de euros a la contratista encargada de construir el paso inferior de las vías del tren en l’Alcúdia de Crespins como consecuencia de los prolongados retrasos que sufrieron las obras, inauguradas en junio de 2020. Aunque en un principio los trabajos debían durar seis meses, terminaron alargándose hasta superar los 27 meses de duración como consecuencia de un cúmulo de imprevistos y modificados sobre el proyecto original.
Una demora de casi dos años que provocó graves perjuicios a los comerciantes y supermercados de la zona por la pérdida de clientela derivada de las incomodidades de la obra,debido a los cambios en la ordenación del tráfico, el cierre de accesos y los desperfectos ocasionados durante su transcurso.
En 2019, la Unión Temporal de Empresas (UTE) que asumió la construcción del tramo de Alta Velocidad entre Moixent y l’Alcúdia de Crespins —en el marco del cual se incluían los trabajos— reclamó por vía judicial al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) una indemnización de 1,21 millones de euros por los sobrecostes provocados por la demora, ralentización y suspensión de la obra por causas ajenas a su responsabilidad. El juzgado central de lo contencioso-administrativo nº2 estimó solo parcialmente la demanda de las constructoras y rebajó a 381.002 euros su compensación económica.
Tanto la UTE como Adif presentaron sendos recursos de casación contra la sentencia. Tras volver a examinar los informes periciales presentados por ambas partes, la Audiencia Nacional ha desestimado los argumentos del organismo público estatal, aunque ha admitido parte de los razonamientos de las empresas, elevando a 405.921 euros el monto indemnizatorio que les corresponde por los sobrecostes derivados de seguros y avales que no fueron incluidos en la condena inicial dictada por el juzgado de primera instancia. Una cantidad que se verá incrementada en los intereses legales calculados desde la fecha en que iniciaron los trámites de su reclamación por vía administrativa, hace cuatro años.
La Abogacía del Estado, en representación de Adif, negó el derecho de la UTE a ser indemnizada sobre la base de que la misma aceptó en todo momento los diferentes modificados de la obra, a tiempo que incidió en la responsabilidad del consistorio de l’Alcúdia de Crespins y de la propia contratista en las demoras, acusando a esta última de paralizar los trabajos unilateralmente.
Una pasarela frustrada
Las obras del paso inferior sobre las vías del tren se adjudicaron en junio de 2016 por 3,22 millones de euros, pero comenzaron con un retraso inicial de cinco meses por la tardanza de Adif en poner a disposición de la contratista la totalidad de los terrenos donde debían materializarse los trabajos. Más tarde se tuvieron que aprobar hasta tres prórrogas del contrato por las variaciones introducidas respecto al proyecto original, que inicialmente fue concebido como una pasarela peatonal para sortear las vías.
Esta propuesta, sin embargo, despertó el rechazo del Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins, cuyas exigencias acabaron siendo aceptadas por el ente estatal en lo tocante a sustituir la pasarela por un paso inferior para coches y peatones, que garantiza una mayor fluidez del tráfico y evita partir en dos el municipio en la frontera con la vecina Canals. Un cambio radical de planes que desembocó en una «alteración sustancial del objeto del contrato» y en «una notable ampliación del plazo de ejecución» que comportó una serie de daños y perjuicios por los que la contratista debe ser indemnizada, según el pronunciamiento de la Audiencia Nacional.