La nueva tasa estatal de vertido obliga a los ayuntamientos a pagar 2 millones de euros

El impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero introducido por el Ministerio de Transición Ecológica en la Ley de Economía Circular ha abierto un nuevo frente económico para los ayuntamientos con el que todavía no saben cómo van a lidiar. El objetivo de la tasa es promover el reciclaje penalizando a los municipios por todo aquello que no se ha separado correctamente en origen y que termina arrojándose a los vertederos o incinerándose. En principio, el castigo lo deberán asumir las administraciones más próximas al ciudadano, a razón de 30 euros por tonelada que acaba en dicho destino.

De momento, las 61 entidades locales de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida que forman parte del Consorcio de Residuos V5 (COR) han recibido una circular informativa en la que se les informa de la cantidad estimativa que tendrían que abonar por el nuevo impuesto. El cálculo se basa en las toneladas generadas en cada uno de los municipios en 2021 y en la estimación de residuos orgánicos que se pueden recoger de forma separada o que se prevén para el uso de islas de compostaje en cada caso.

Los importes han generado cierta inquietud entre las corporaciones municipales de las tres comarcas. Este diario ha sondeado a varias de ellas y la sensación que se palpa oscila entre el desconcierto y la falta de información sobre la aplicación del gravamen. En virtud de las cuantías provisionales que se han trasladado a los ayuntamientos, el de Ontinyent -el consistorio más grande por número de habitantes- tendría que pagar por el impuesto 189.820 euros en este 2023, mientras que a Xàtiva le correspondería abonar un canon de 188.518 euros.

Si se amplía el foco al conjunto de los 61 municipios de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, la cantidad rondaría el millón de euros, mientras que si se incluyen a las 93 localidades englobadas bajo el paraguas del COR (sumadas las de la Safor y el Valle de Ayora) la cifra derivada del gravamen rozaría los 2,5 millones de euros.

Llamada a la prudencia

Desde el Consorcio de Residuos, sin embargo, hacen una llamada a la prudencia. De momento, la Generalitat ha mantenido una serie de reuniones informativas "no definitorias" con las entidades gestoras de la basura, pero las fuentes consultadas apuntan a que todavía no se ha definido con precisión cómo se va articular el cobro ni cuánto va a tener que pagar cada municipio. La única consigna de los consorcios por ahora ha sido avisar a las corporaciones locales para que tengan clara la nueva carga impositiva a la que probablemente van a tener que hacer frente de cara a dejar cierto margen de maniobra en los presupuestos de 2023.

Pero la circular enviada a los consistorios con el importe estimado hay que cogerla con pinzas, según indican desde el COR, a la espera de que la administración autonómica aclare si la tasa la van a tener que pagar directamente los municipios o si se va a canalizar a través de la diputación en el caso de los pueblos pequeños o si serán los consorcios los que acaben repercutiéndola.

La tasa pretende ser un toque de atención para que las localidades se apliquen en implantar nuevos sistemas que fomenten la separación en origen y la reducción de las toneladas que acaban en los vertederos, a través de una mayor concienciación ciudadana.

En cualquier caso, la idea de responsabilizar económicamente a los ayuntamientos del incumplimiento de los objetivos de reciclaje marcados por las directrices europeas no ha gustado a los alcaldes. El presidente del COR y alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, ve necesario que se incentive la reducción de la basura que acaba en vertederos pero lamenta que la "patata caliente" se pase a las corporaciones municipales y demanda mecanismos ágiles y efectivos de ayuda para hacer frente al nuevo impuesto, frente a las habituales tramitaciones farragosas de las subvenciones dirigidas a fomentar políticas sostenibles, que por su lentitud y su burocracia muchas veces terminan siendo disuasorias.

Los alcaldes advierten de que los ayuntamientos ya van "muy al límite" y ya han aprobado los presupuestos de 2023 sin incorporar el gasto de la tasa por depósito en vertederos. En su mano estará si la abonan o si la acaban repercutiendo en el recibo que pagan al ciudadano, una decisión sensible en periodo preelectoral.

Según los cálculos preliminares, una localidad como Canals tendría que pagar 72.671 euros por el impuesto, mientras que a l'Olleria le costaría 46.549 euros, a la Llosa de Ranes 20.085 euros y a Montesa 7.805 euros, por citar solo algunos municipios. El impuesto afecta a todas las localidades: en l'Horta tendrán que pagar 5 millones de euros.

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