29 de enero de 2012
29.01.2012
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La ruina del escritor llega a las bibliotecas

Valencia está entre las autonomías que no ha pagado nunca el canon por los libros que los usuarios se llevan prestados Cedro suspende el reparto del último año entre los autores por la baja recaudación

29.01.2012 | 20:00

Si la piratería ya empieza a ser un problema para la industria editorial y los escritores -en especial si se llaman Lucía Etxebarria-, estos se encuentran ahora con que otro ingreso (pequeño, pero ingreso) se les viene abajo: el canon al que tienen derecho desde 2007 (20 céntimos de euro) por cada ejemplar adquirido en las bibliotecas con destino al préstamo. Aunque esa es la norma -así aparece en la ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas promulgadas en junio de 2007-, la realidad es que casi nadie paga, y menos ahora, con los recortes, la recesión y los ajustes, de modo que la recaudación se ha venido abajo. Tanto, que la principal entidad de gestión de derechos reprográficos en España (Cedro) ha decidido suspender el reparto de lo obtenido en 2011 entre los autores: es tan poco que el coste de la distribución no lo hace eficiente, asegura el organismo. Así que acumulará la cantidad (80.745 euros) a la que pueda recogerse este año para repartirla en el futuro.
Un dato que ayuda a hacerse una idea de la situación es que en 2011 se produjeron más de 56 millones de préstamos de libros. Compárese con los 80.745 euros que han entrado en las arcas.
¡Ojo! Que ningún usuario de bibliotecas se alarme: en ningún momento se ha previsto que sean los ciudadanos los que paguen el canon -una obligación, por otra parte, impuesta por la Unión Europea (UE)-, sino que la responsabilidad es de los titulares de las bibliotecas.
Como la mayoría son públicas, es ahí donde surge el problema. La ley exime del pago a las pertenecientes a la red educativa y a las que son propiedad de municipios de menos de 5.000 habitantes.
¿Qué pasa con el resto? La norma dice que la remuneración deberán hacerla "las instituciones titulares de las bibliotecas". Esto es, principalmente ayuntamientos y, en menor medida, gobiernos autonómicos y ministerios.
Lo que ha sucedido en la práctica es que el primer año (2008), y con carácter extraordinario, el Ministerio de Cultura asumió el pago y abonó 1,3 millones de euros por todos los préstamos realizados en el último semestre de 2007 (la norma entró en vigor en julio). A partir de ahí, vino el caos y la ruina.
La primera intención del Gobierno y las comunidades autónomas fue que estas se hicieran cargo de la parte correspondiente a sus ayuntamientos. Así iba a hacerse, pero el asunto llegó a manos de los interventores económicos de algunas autonomías y dijeron que era ilegal.
Lo sorprendente del caso es que el problema está sobre la mesa desde 2009, ha habido varios foros sectoriales del libro y las bibliotecas, pero no se ha arbitrado solución alguna.
El resultado es que, por ejemplo, la Comunitat Valenciana -ni el Consell ni los ayuntamientos- no ha aflojado ni un euro desde la creación de este canon impuesto por la normativa europea.
Solo el Gobierno central, algunas instituciones privadas y unas pocas comunidades pagan. Empezaron haciéndolo las de Madrid y Navarra, pero en 2011 la gobernada por Esperanza Aguirre tampoco lo ha hecho. Sí, en cambio, el Consell Insular de Mallorca.
Así, de los 1,3 millones recaudados en 2008 se pasó el año siguiente a 279.805 euros. En 2010 prosiguió la caída (115.778 euros) y la tendencia continuó el año pasado (80.745). En este tiempo, Cedro ha realizado dos repartos. El último benefició a más de 24.000 escritores.

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