La sección segunda de la Audiencia de València ha confirmado la imputación de José Luis Rueda Jiménez, hijo del escultor Gerardo Rueda, en el caso IVAM que investiga las presuntas irregularidades por la venta de ocho obras supuestamente falsas al museo valenciano por valor de 3 millones de euros, además de promover exposiciones para revalorizar la obra del autor, fallecido en 1996.
La defensa de Consuelo Císcar recurrió en apelación ante la Audiencia de València para que anulara las acusaciones contra ellos. Pero su petición ha caído en saco roto. En un auto al que ha tenido acceso Levante-EMV, los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València ratifican la decisión de la jueza de Instrucción 21, Nuria Soler, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat, y mantiene tanto a Rueda como a Císcar investigados por la compraventa de las obras de Rueda.
Los magistrados de la Audiencia incluso califican de «temeraria, la conducta de la defensa de Consuelo Císcar al «pretender que se ignoren los hechos puestos de manifiesto en el auto recurrido mediante la exclusión del objeto de la investigación» de ambos investigados. La ponente del auto, la magistrada de la sección segunda de la Audiencia de València Sandra Schuller, advierte a ambos investigados que «si las obras adquiridas al IVAM son o no originales del artista Gerardo Rueda, si el precio abonado por el IVAM resulta desproporcionado y arbitrario o no, si los gastos asumidos en las exposiciones e itinerancias de las obras de dicho autor se realizaron al margen del procedimiento administrativo constituye, precisamente, el objeto de la investigación». Para los magistrados basta constatar «la existencia de indicios que apuntan a la comisión de los hechos denunciados por el Fiscal Anticorrupción: la adquisición de obras de arte con un elevado sobrecoste por decisión de la señora Císcar y que José Luis Rueda vendió como originales a sabiendas de que se trataba de reproducciones».
Por tanto, apuntan desde la sección segunda de la Audiencia de València, es ahora la investigación quién ha de concretar «si los hechos se produjeron o no; y si lo hicieron, cómo y quien los cometió». Por lo que archivar ahora esta investigación y «descartar» estos hechos en un inicio «constituiría una arbitrariedad, una decisión racionalmente injustificable».
La defensa de Císcar también reclamaba que se dejara sin efecto la investigación de sus cuentas bancarias desde 2004 al 2007, «que obran en poder de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF)» de la Policía, así como las cuentas de José Luis Rueda, entre 2004 y 2015. A esta última petición tampoco accede la sección segunda de la Audiencia de València ya que «no alega el gravamen que la decisión recurrida le causa, tratándose de una resolución que afecta al investigado [José Luis Rueda] y a las cuentas bancarias de éste y no las de la señora Císcar, a las que se refiere otra resolución distinta» del recurso recurrido.
Por último, el heredero de Gerardo Rueda también recurrió ante la sección segunda de la Audiencia de València la fianza de 4,1 millones de euros impuesta a él mismo junto a Consuelo Císcar y Juan Carlos Lledó (exsubdirector del IVAM) «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en su día puedan resultar exigibles» por las presuntas irregularidades en la compra de las obras por parte del museo.
Una cantidad que, recuerda la Audiencia de València, viene determinada por «los 360.000 euros pagados por el IVAM por las obras del escultor en 2004 y otros 2,5 millones abonados en 2006; importes a los que hay que sumar los 512.524 euros abonados a la Fundación Capa y los 719.987,80 euros de gastos de las itinerancias de las exposiciones de la colección de obras de José Luis Rueda, en concreto, 573 obras de su colección particular».
Rueda alega indefensión para oponerse al auto en el que se les impone la fianza a los tres investigados. Pero la sección segunda de la Audiencia de València también rechaza esta petición porque «no se aprecia en el auto recurrido que incurra en indefensión, por lo que resulta improcedente la nulidad solicitada, y resultando ajustada a derecho, habida cuenta las responsabilidades civiles que, en su día, podrían resultar exigibles por los hechos investigados».
