Los datos que aporta la Autoridad Portuaria de Valencia son fabulosos: 30 millones de euros de beneficios (ejercicio 2016) y un aumento de los tráficos a niveles de récord con una aportación de un valor añadido bruto de 2.353 millones anuales. Se trata de un futuro alentador, con ofertas claras de ocupación para la zonas de actividades logísticas, tanto la de València como la situada en Sagunt y con las miras hacia el futuro en proyectos como la ampliación norte, nueva estación de pasajeros de línea regular y cruceristas y zona de interacción puerto-ciudad en el área colindante con Natzaret.
En resumidas cuentas, en 9 años y en un tráfico donde la APV es líder, como lo es el de contenedores, que ha pasado de 3.602.112 a 4.832.156 TEU (unidades de veinte pies). Dato contundente que demuestra que más que sobrevivir a una de las mayores crisis económica de los últimos 30 años ha sabido superarla, fortaleciéndose aún más.
En esta década también ha sido contundente la eliminación de derechos, ya conquistados, al conjunto de trabajadores con una tenacidad inusitada y una rebaja salarial del 5 %; eliminación de la productividad y carrera profesional; congelaciones salariales continuadas, aumento de la jornada y eliminación del empleo público de carácter fijo en el periodo 2010-2016. Consecuencias directas: el organismo público ha mermado la masa salarial de sus empleados en un 25,5 % y afronta una tasa de temporalidad en el empleo del 30 %. En definitiva, un engaño, un incumplimiento claro del pacto que supuso la Ley de Puertos de 1992 mantenido a los largo de las siguientes leyes de puertos, donde se llevó a cabo una dinamización de las relaciones laborales que se articularían a través de un convenio colectivo y donde quedó acordado que las cuentas del Sistema Portuario serían estancas respecto a los presupuestos generales del estado. Esta perversidad ha llevado a la esterilidad de los recortes a los trabajadores y trabajadoras de los puertos, donde las retribuciones recortadas de los mismos han ido a parar directamente a las cuentas de resultados de los puertos que ya tenían beneficios.
Y a todo esto, la autonomía de gestión se ha convertido en el eufemismo de «haz lo que puedas con lo que tengas», en este tiempo los puertos solo han recibido instrucciones claras desde Madrid sobre dónde recortar, qué no puedes hacer, la prohibición de contratar, etc. Las necesidades de la prestación de los servicios públicos se ha convertido en algo irrelevante, en un planteamiento cínico de «búscate la vida», una vergüenza para un país que quiere pertenecer a un estándar moderno de prestación de servicios equiparable a la UE. El futuro va a pasar sí o sí por retomar lo que se empeñaron en eliminar, un convenio colectivo que articule unas relaciones laborales con dignidad y que pase por la generación de empleo. En este tiempo se ha preferido tener parados a empleados, sin ningún sentido. Veremos qué hace el nuevo presidente de Puertos del Estado.
