El actual modelo de gestión de los 28 grandes puertos españoles de mercancías bajo la tutela del Ministerio de Fomento, entre estos el de València, cuyo marco regulatorio data de 1998, está obsoleto. Al menos así lo entienden la mayoría de los principales emplazamientos marítimos al proponer cambios que garanticen a las Autoridades Portuarias tener más autonomía a la hora de gestionar recursos, planificar infraestructuras o mejorar sus servicios. Sus dirigentes se han reunido esta semana con la presidenta de Puertos del Estado, Ornelia Chacón, para abordar ese nuevo modelo.
En principio, según reconoce la dirección de esta sociedad pública, el Gobierno central tan sólo se ha limitado a «escuchar» las propuestas de entidades como la presidida por Aurelio Martínez. Los grandes recintos, según Puertos del Estados, consideran necesario iniciar «algún proceso de segregación, clasificación o agregación de puertos para lograr mayor autonomía de gestión». También hay coincidencia en reclamar mayor «implicación» de otras administraciones para alcanzar soluciones a problemas que afectan al buen desarrollo de los puertos y sus actividades laborales, así como el funcionamiento de los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) y la Intervención General de la Administración del Estado. Y rechazan de forma unánime la «bajada generalizada» de las tasas» pese a la presión de las navieras para recudir costes.
Nuevo marco laboral
A los dirigentes portuarios les inquieta el futuro de la estiba. También a las empresas estibadoras, que cuentan con una plantilla global de 7.000 trabajadores fijos en toda España (1.600 en la Comunitat Valenciana) y todavía están pendientes de la aprobación del Reglamento que debe desarrollar el Decreto de reforma del sector, clave para firmar convenios colectivos como el pendiente en el recinto del Grao. La reforma laboral del personal de los muelles -tal como decretó el Gobierno central en 2017 a instancias de la UE- todavía tiene por dirimir, entre otros asuntos, todo lo relativo a la subrogación de los trabajadores a las nuevas empresas que operan en los puertos, la formación, las prejubilaciones, el estatus de los Centros Portuarios de Empleo, así como las especificidades de la estiba en el marco de las ETT.
La patronal de empresas Anesco quiere participar en este debate sobre el proceso de reestructuración. Los gestores de las terminales -en su mayoría en manos de grandes navieras como Cosco, MSC o Maersk- consideran que «si las Administraciones Públicas continúan poniendo el foco en los puertos para aumentar su recaudación (tasas portuarias, tarifas portuarias, impuesto de sociedades, impuesto de bienes inmuebles o aumento de cotizaciones seguros sociales) conseguirán más perjuicios que beneficios para la economía, ya que se lastran las importaciones y exportaciones y se pierden oportunidades en tráficos de transbordo».
Puertos del Estado quiere aprobar un documento con el nuevo marco estratégico tras debatir con el sector, aunque eso no estará listo hasta septiembre de este año.
