Verdeguer pide al FROB que no se pierda el arraigo

Tratar de mantener el arraigo de la CAM en los territorios de la Comunitat Valenciana y Murcia y velar al máximo por el mantenimiento el empleo y la continuidad de la obra social. Esas fueron las tres peticiones principales que ayer hicieron el conseller de Economía valenciano, Enrique Verdeguer, y su homólogo murciano, Salvador Marín, al presidente del FROB y subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui.

Los dos consejeros aprovecharon el viaje a Madrid programado para asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera para mantener un encuentro privado con Aríztegui y otros responsables del banco de España implicados en la intervención de la CAM. El objetivo era contar con información de primera mano sobre el proceso de recapitalización y posterior subasta de la entidad financiera. Los representantes del Banco de España trasladaron su intención de desarrollar un saneamiento rápido para tener colocada la caja (ahora Banco CAM) en el mes de octubre.

En el caso valenciano, además, el Banco de España debe contar además al menos de forma consultiva con el Instituto Valenciano de Finanzas, que ejercía hasta ahora una labor de tutela sobre la caja alicantina. De ahí que Verdeguer pidiese ayer a Aríztegui información continuada sobre la nacionalización, en especial en lo que se refiere a la valoración de activos, situación de los empleados y futuro de la obra social. Además, junto con su colega Marín, pidió que se tenga ne cuenta el arraigo que el negocio financiero de la CAM tiene en la Comunitat Valenciana y Murcia.

El Consell ha mantenido hasta ahora una posición muy discreta en torno al proceso de capitalización e intervención de la caja. Tanto el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, como el nuevo conseller de Economía, Enrique Verdeguer, han defendido que la nacionalización servirá para dar estabilidad al sistema financiero y garantizar que se abra el flujo de crédito a empresas y particulares. Por contra, el Consell ha recibido duras críticas por su falta de supervisión de la situación económica de la caja y la constante injerencia política en algunas de sus inversiones y políticas crediticias.