Pedir que se investigue si en el cuadro de técnicos adscritos al comité de dirección de la CAM se encontraba un economista, sociólogo, psicoterapeuta y autor de un libro titulado Cómo vender a clientes resistentes «en el que se indicaba a los vendedores un lenguaje hipnótico para minimizar la resistencia del cliente y facilitar el éxito de la venta». Éste es el último planteamiento del letrado Diego de Ramón, acusador particular y representante de medio millar de afectados por las cuotas participativas de la entidad, al magistrado Javier Gómez Bermúdez, quien desde la Audiencia Nacional está dirigiendo una investigación para determinar si existe responsabilidad penal en el hundimiento de la CAM.
De momento, cinco expeditivos (el expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós y los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb) están imputados en esta causa.
Junto a la petición se adjunta el perfil de este asesor, Carlos Rosser, del que el acusador particular pretende saber si entre sus tareas en la entidad financiera estaba la de «emplear una metodología o enseñanza sobre ventas de productos de cotización de Bolsa o cualquier otro cometido de ventas por parte de la CAM o qué funciones de formación del personal de la entidad realizaba». Con ello, el letrado busca asentar su teoría de que los exresponsables de la extinta caja eligieron a los clientes de las fallidas cuotas participativas «de forma sistemática y planificada» entre personas con escasa cultura financiera, mayores o extranjeros con dificultades para comprender el español. Punto en el que abogado recuerda la obligación que establece la Comisión Nacional del Mercado de Valores de «interesarse por el perfil del inversor y señalarle los riesgos de la operación», algo que De Ramón mantiene que no se hizo en el caso de la CAM.
En el escrito que el acusador ha presentado ante su señoría (como viene haciendo desde que comenzaron las declaraciones ante la negativa de los imputados, con la excepción de Sogorb, de responder a sus preguntas), el letrado busca también acotar el testimonio de María Dolores Amorós, quien en su comparecencia precisó que en la CAM había muchas direcciones generales y que cada una tenía su responsablidad, según explicó su letrado a este diario. Recuerda el acusador, al hilo de esta afirmación, que la imputada, por su cargo de directora general, tenía entre sus competencias la de supervisar a los directores generales y que, antes de ser la máxima responsable de la caja, se ocupaba del mercado minoritario, granero de quienes luego fueron compradores, y hoy damnificados, de las cuotas participativas.
No olvida tampoco el abogado murciano hacer referencia a los grandes proyectos de expansión de la CAM cuando ya la crisis y sus efectos en la entidad se habían comenzado a notar ni al hecho de que tanto Roberto López como director general, como Amorós, primero en la dirección general adjunta y después como sustituta de López, estaban al corriente de la situación de la caja y de los grandes proyectos emprendidos. Se pregunta De Ramón cómo sabiendo todo esto cobraban pluses por beneficios cuando en realidad había pérdidas. O por qué Crespo fijó el sueldo de Amorós antes incluso de que la asamblea general ratificara su nombramiento.
