La deuda pública española creció en 313.219 millones en los últimos cuatro años, lo que supone un incremento del 42 % respecto al endeudamiento del Estado al término de la legislatura precedente. Los débitos públicos superan los1,056 billones. Se trata de un récord histórico y el mayor peso relativo de la deuda sobre el PIB desde 1909, tras la gran crisis nacional de 1898. En los diez primeros meses del año pasado la deuda pública se acrecentó en 40.000 millones, y ello pese a que el PIB aumentó en el ejercicio por encima de 3 %, según todas las previsiones. Para 2016, todos los pronósticos anticipan un crecimiento menor de la economía, que oscilará entre el 2,5 % y el 3 %. Sigue siendo un ritmo de avance importante y superior al que se estima para otras grandes economías de la UE, pero la desaceleración dificultará la lucha contra la deuda y el déficit.
El descubierto presupuestario es el otro desequilibrio que, aunque menor que en ejercicios precedentes, sigue mostrándose renuente al repliegue. El compromiso español era cerrar 2015 con un saldo negativo en las cuentas públicas del 4,2 % del PIB, lo que implica que el Estado habría ingresado 44.834 millones menos de los que gasta, aun cuando el gasto público español es el sexto menor de la Eurozona desde antes incluso de la crisis. El Gobierno asegura que España cumplirá el objetivo una vez que se liquiden las cuentas del ejercicio, y ello aunque acaba de reducir en una décima su estimación de crecimiento en 2015 del 3,3% al 3,2%. Por el contrario, la Comisión Europea, el FMI, Funcas, el BBVA, Standard & Poor's y otros analistas pronostican una desviación de dos a tres décimas, lo que podría llevar el déficit estatal de 2015 hasta los 48.036 millones.
La Comisión Europea ya anunció que el próximo Gobierno español deberá modificar el presupuesto de 2016 que dejó aprobado el actual ejecutivo en funciones porque no cree que esas cuentas permitan cumplir con el objetivo de déficit de este año y porque habrá que hacer ajustes adicionales (bien por la vía de los ingresos o de los gastos) tanto para solventar este diferencial como para enjugar el incumplimiento que se haya podido producir en 2015. El compromiso español con la UE es bajar el descubierto en 2016 hasta el 2,8 % del PIB, lo que supone un recorte de 1,4 puntos de PIB (un ajuste de 14.945 millones), a los que habría que sumar el deslizamiento que se haya podido producir en 2015 y que, de confirmarse la previsión de la Comisión Europea, exigirá una reducción adicional de otros 3.204 millones, lo que elevaría el esfuerzo necesario del fisco este año hasta los 18.149 millones,
La deuda y el déficit públicos, junto con la elevada deuda privada (más de 1,65 billones de euros al cierre de septiembre pese a que ha descendido en más de 500.000 millones desde el inicio de la crisis), una deuda externa (sobre todo, privada) que supera el billón de euros en términos brutos y una deuda total que representa el 313 % del PIB (la octava mayor del mundo), constituyen, junto con la tasa de paro (todavía la segunda mayor de los países de la OCDE pese a la reducción del último año y medio) las grandes vulnerabilidades de España en caso de un enfriamiento económico, un cambio en las favorables condiciones externas actuales (tipos de interés en la eurozona, petróleo y euro en niveles muy bajos) o un retorno de la desconfianza soberana. Este año España tendrá que emitir deuda pública en el mercado por 226.694 millones. Mientras el BCE siga comprando 60.000 millones de bonos de la eurozona al mes, la prima de riesgo debería mantenerse relativamente controlada.
El crecimiento del PIB (que seguirá vigoroso, aunque menor al de 2015) es el principal respaldo para España. Por ello, el gran riesgo es que el impulso del PIB flaquee. La posible inestabilidad política no ayudaría al empeño, pero la clave son los fundamentos de la economía. La estabilidad política no es condición suficiente, aunque sea necesaria. A veces ni eso: Bélgica estuvo año y medio sin Gobierno en 2010-2011 y mejoró el déficit y el paro.