La Generalitat baraja ahora que Feria Valencia sea totalmente pública y, en consecuencia, que en la firma que se hará cargo de la gestión comercial no entre ningún operador privado, tal como la institución, el Consell y el ayuntamiento de Valencia acordaron el pasado mes de octubre. La decisión definitiva no se ha tomado „se esperan respuestas hacia finales de mes„ pero las fuentes consultadas afirman que estos momentos esta es la opción con más posibilidades de salir adelante, si bien el diseño ya acordado no está descartado, ni mucho menos. Entre otros motivos, porque no se ha producido una unidad de criterio en la propia administración.
En octubre de 2015, las tres partes dieron su visto bueno a un modelo en el que la Feria se dividía en dos empresas. Una pública, controlada por la Generalitat, en donde recaían los inmuebles, la concesión municipal y la abultada deuda. La otra tendría participación pública, pero funcionaría como una firma privada y en ella se daría entrada a un operador del sector que aportara negocio. Se constituyó un grupo de trabajo que debía perfilar el nuevo modelo según esas bases y ajustarlo a la compleja legalidad con el propósito de tener el rediseño listo para el patronato de diciembre.
Pero entremedias se cruzó la Intervención de la Generalitat y todo se complicó de mala manera. Este organismo considera que el dinero que abona anualmente la administración autonómica por la deuda ferial no es una subvención, sino un aval. Por tanto, la institución debe devolver esas cantidades, estimadas en su conjunto en 1.027 millones. Un imposible, porque abocaría a la Feria a la quiebra. El Instituto Valenciano de Finanzas planteó como salida que las Corts legislen para revertir la situación y amparar que esos pagos son una subvención a fondo perdido.
Pero no es fácil. Son muchos los factores que concurren en este caso, desde la determinación de la naturaleza jurídica de las empresas resultantes al problema de la computación de la deuda en las abrumadas arcas públicas o el peligro de que la Unión Europea considere el pago de la deuda como una ayuda pública a una firma privada.
Las fuentes consultadas aseguran que la mayoría de las posibilidades que se han estudiado han acabado en un callejón sin salida por la irrupción de algún obstáculo más o menos insalvable. Así las cosas y en vista de que la Generalitat va a tener que quedarse sí o sí con la multimillonaria deuda ferial, vuelven a imperar los postulados, defendidos por Compromís, especialmente, de mantener la Feria 100 % en el ámbito público, al considerar que no tiene sentido quedarse con la firma que asume la deuda y compartir con el sector privado la que generaría beneficios. Por tanto, la idea de la división empresarial se mantiene, pero la gestora sería de titularidad pública 100 %. La generación de negocio vendría mediante la subcontratación de superficie o llegando a acuerdos individuales con los operadores ya interesados en el proyecto para que aporten franquicias, congresos o certámenes. «Para organizar ferias como Cevisama no nos falta un operador externo», apuntan esas fuentes. Sin embargo, las mismas admiten que esta opción podría hallar un obstáculo insalvable en el camino o incluso podría plantearse otra vía no explorada. Y, sobre todo, sigue sin descartarse la privatización parcial ya acordada, que contaría con el apoyo de la parte socialista del Consell, que ve en esta vía la única que garantiza negocio de futuro y flexibilidad en la gestión al ejercer como una mercantil y desvincularse de la burocracia pública.