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La Udef investiga el patrimonio de Alberto Catalá y busca propiedades en Teruel

Investigación

La Udef investiga el patrimonio de Alberto Catalá y busca propiedades en Teruel

La Fiscalía Anticorrupción investiga los sobrecostes del 86 % en las obras de ampliación de Feria Valencia - El Ministerio Público ha troceado la causa en varias piezas y tiene hasta el mes de junio para presentar una denuncia por el presunto inflado millonario de obras

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía nacional investiga el patrimonio del expresidente de Feria Valencia Alberto Catalá, según confirmaron fuentes de la investigación a Levante-EMV. Catalá, a preguntas de este periódico, declinó hacer ninguna declaración sobre el tema. La Fiscalía Anticorrupción investiga sobrecostes de hasta el 86 % en las obras de ampliación del recinto de Benimàmet que han generado una deuda de 1.027 millones a las arcas de la Generalitat y de los que se han abonado más de 337 millones. La denuncia inicial fue presentada por la Intervención General de la Generalitat en octubre de 2014 tras auditar los gastos.

La policía nacional lleva meses investigando el patrimonio personal del presidente de la feria de muestras desde 1999 a 2013. Las fuentes consultadas por este periódico explicaron que buscan propiedades en la provincia de Teruel, cerca de las estaciones de esquí de Valdelinares. Cabe recordar que Catalá tiene una empresa llamada Rafael Catalá S.A, ahora en concurso de acreedores, y que viene de una familia con notables recursos. El personalmente estuvo vinculado en su momento a los Luca de Tena propietarios del diario ABC, y, por esa vía, a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, esposa del expresidente del Gobierno José María Aznar. Su hermano Rafael fue asesor de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, antes de que Catalá se hiciera con la presidencia de Feria Valencia pese a no tener ningún pedigrí entre el empresariado autóctono.

La Fiscalía Anticorrupción ha dividido la causa en diferentes piezas por la complejidad de la misma. De hecho, es posible que presente diferentes denuncias ante el juzgado. De momento, el Ministerio Público y la Udef tienen tiempo hasta el próximo mes de junio para finalizar la investigación o ampliar otros seis meses sus pesquisas. Hasta el momento, la investigación apunta como máximos responsables a Alberto Catalá y a la exconsellera y exdirectora general del recinto ferial, Belén Juste, aunque las fuentes consultadas no descartan que otras personas que fueron miembros del patronato sean investigadas en la causa.

Una de las piezas más adelantadas es la que investiga los regalos de Feria Valencia a personalidades del mundo político y económico de Valencia. La segunda investigación radica en los sobrecostes propiamente dichos fruto de las obras de ampliación del complejo de Benimàmet y que realizó mayoritariamente Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Otra de las investigaciones versa, según las mencionadas fuentes, sobre la estación de metro que debía abonar Feria Valencia y que nunca se realizó. En total, 27 millones de euros.

Nada más recibir la denuncia de la Intervención, la fiscalía envió a varios peritos a la institución ferial para que recogieran toda la documentación precisa para aclarar los numeosos agujeros negros de aquellos años, coincidentes con la etapa del despilfarro y la corrupción política. La investigación trata de determinar a dónde fueron a parar los cerca de 300 millones que costaron de más las obras respecto a lo presupuestado. El informe de la Intervención recogía los sobrecoses de hasta el 160 % calculados en numerosos elementos decorativos, mobiliario o fuentes, pero también ponía de relieve los cuantiosos gastos suntuarios que abonó la Feria en la etapa de Catalá y Juste. Por ejemplo, 21 millones de euros en viajes desde 2001. Rita Barberá, que también presidía el patronato, recibió regalos de la institución entre 2007 y 2009 por 5.740 euros. Eran bolsos y pañuelos.

Alberto Catalá fue un viajero impenitente a cargo de la entidad. En 2010 cargó a la Feria ocho viajes a la capital colombiana, Bogotá, donde el año antes su empresa había abierto una tienda. Ese mismo año, durante el puente de la Constitución, la entidad pagó un viaje a las capitales de Hungría y Austria a su presidente y a dos acompañantes totalmente ajenos a la institución ferial. Un mes más tarde de aquella «excursión», Feria Valencia presentó un ERE que implicó el despido de 106 de sus trabajadores.

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