La patronal reclama seguridad jurídica y «no sombras de sospecha» para Puerto Mediterráneo

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) mostró ayer su preocupación tras conocer la versión de los inversores de Puerto Mediterráneo nueve días después de hacerse público el informe negativo de la Comisión de Medioambiente que complica las posibilidades del proyecto de salir adelante tras más de cuatro años de trámites burocráticos. El presidente de la CEV, Salvador Navarro, criticó la «injustificable demora de los plazos» y reclamó al Consell de PSPV y Compromís que den seguridad jurídica y «no sombras de sospecha» como entiende que ha pasado con Intu Eurofund, los inversores británicos que pretenden desarrollar el complejo comercial y de ocio en el antiguo campo de tiro del ejército en Paterna.

Desde la patronal recordaron que Puerto de Mediterráneo inició sus primeros contactos con la administración autonómica en julio de 2012 y que en enero de 2013 el proyecto fue declarado Actuación Territorial Estratégica (ATE) por el Consell de Alberto Fabra, abriéndose entonces un proceso administrativo que en ningún caso debía superar los dos años de tramitación hasta la aprobación definitiva del plan. De hecho, la figura de la ATE fue creada por el anterior ejecutivo del PP para agilizar la puesta en marcha de proyectos e inversiones. Pero pese a ser los impulsores de esta legislación tuvieron en barbecho la iniciativa entre 2012 y mayo de 2015 cuando perdieron las elecciones autonómicas.

Desde la CEV critican que hayan «transcurrido casi cuatro años» y, además, «en los últimos meses se haya producido un parón administrativo inadmisible para cualquier empresa o proyecto inversor». «En este tiempo, tres administraciones diferentes „local, autonómica y central„ han validado los trámites preceptivos y emitido 46 informes favorables, hasta que hace unos días se conocía la memoria desfavorable de la Comisión de Evaluación Ambiental», argumentaron desde la patronal valenciana.

La burocracia desincentiva

Navarro criticó «la maraña burocrática y administrativa y la injustificable dilación de los plazos, que ejerce también de elemento desincentivador». En opinión del presidente de la CEC, la administración «tendría y debería centralizarse, unificarse y simplificarse en aras de una gestión más ágil, objetiva y previsible». «La seguridad jurídica es un factor básico en la toma de decisiones de inversión. El riesgo asociado a la inseguridad jurídica actúa como elemento disuasorio para cualquier tipo de proyecto empresarial, provocando la pérdida de inversiones, actividad, empleo y riqueza», sentenció.

Para Salvador Navarro, lo que requiere ahora la Comunitat Valenciana para consolidar la senda de recuperación sostenible son inversiones como las de Puerto Mediterráneo «y no la sombra de la sospecha manifestada de forma más o menos explícita desde los ámbitos políticos competentes» de la Generalitat.