Airbnb pide a Colomer negociar antes de la sanción

La estadounidense Airbnb, buque insignia de la economía colaborativa en el alojamiento turístico, es la más importante entre las siete páginas web que serán multadas entre 6.000 y 30.000 euros por ofrecer apartamentos «ilegales» en la C. Valenciana.

A preguntas de Levante-EMV, la compañía de San Francisco asegura: «Hasta este momento, Airbnb no ha recibido notificación sobre esta sanción y sigue estando comprometida en trabajar con la Generalitat. Recientemente, Airbnb publicó un informe en el que se detallaban diferentes herramientas de regulación aplicadas en otras regiones del mundo. Airbnb espera poder reunirse de nuevo con la Generalitat para discutir estas ideas y apoyar a aquellas personas que comparten su propio hogar».

El diálogo, precisamente, es la vía que la Agencia Valenciana de Turismo da por agotada tras un año de reuniones en que no ha conseguido que las plataformas cumplan su exigencia: solo ofrecer en alquiler apartamentos inscritos en el registro de turismo de la C. Valenciana.

Lo cierto es que desde Airbnb se han realizado algunos gestos destinados a cumplir con la petición de la Generalitat, al parecer con poco éxito. En septiembre pasado, por ejemplo, envió un comunicado a todos los «anfitriones» de Valencia en el que se informaba de la regulación local. También se actualizó la página de leyes y reglamentos de la comunidad autónoma, fruto de las conversaciones con Turismo.

En todo caso, los propietarios de viviendas turísticas de Valencia ciudad se enfrentan a un problema particular para desarrollar su actividad, un caso único en la C. Valenciana, lamentan desde la Generalitat.

La AVT ha abierto la mano para incorporar a todas las viviendas al registro. Sin embargo, cuando la Agencia remite la información a cada de municipio de las nuevas altas, Valencia informa desfavorablemente si no se ajusta a su aplicación de uso urbanístico (terciario hotelero), con lo que la Generalitat termina por «desinscribir» estos apartamentos, que se quedan fuera de la legalidad. Tanto los propietarios como la AVT reclaman al ayuntamiento que actualice su normativa con celeridad.