El Gobierno ha pactado con el PSOE la solución extrajudicial para devolver el dinero cobrado indebidamente por las cláusulas suelo no transparentes. El Ejecutivo ultima un real decreto ley para articular este sistema que previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana. Así lo cofirmaron el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, y la presidenta de la Comisión de Justicia, Margarita Robles, así como el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. El Grupo Socialista se abstendrá en la votación de la convalidación del real decreto ley cuando llegue a la Cámara Baja.
Saura explicó que se trata de un mecanismo extrajudicial «rápido» y «transparente», que no implica ningún tipo de quita para el consumidor, de obligación para todas las entidades financieras y voluntario para los usuarios, que siempre podrán acudir en última instancia a los tribunales. En este sentido, precisó que los bancos tendrán que informar a todos los consumidores que tengan una cláusula suelo la opción de acudir al procedimiento extrajudicial, con previsión expresa y desglosada de los correspondientes intereses de demora. Las entidades están obligadas al establecimiento de un procedimiento para atender las reclamaciones de los consumidores al objeto de facilitar el acuerdo extrajudicial.
El procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito y contempla un plazo máximo de tres meses para poder alcanzar el acuerdo, con lo que no haría falta acudir a la justicia. Esto permite evitar una avalancha de demandas en los tribunales que «colapsarían los órganos judiciales», señaló Robles, quienprecisó que los usuarios dispondrán de 15 días para estudiar la propuesta de la entidad y tomar una decisión.
Cualquier otro acuerdo entre las partes, como por ejemplo la devolución mediante amortización parcial del capital del préstamo, tendrá carácter subsidiario y dependerá de la aceptación expresa y por escrito del cliente, en documento aparte, con las debidas garantías de transparencia e información.
En cualquier caso, Saura y Robles aseguraron que no exime con carácter general a las entidades de crédito del pago de costas si la reclamación finalmente termina en los tribunales. Si el consumidor obtuviese una sentencia más favorable que la oferta recibida de las entidades de crédito, el juez podrá imponer a estas la condena en costas.
Órgano de seguimiento
El real decreto que ultima el Gobierno, consensuado con Ciudadanos y el PSOE, fijará la existencia de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas que podrá proponer las medidas que a su juicio sean necesarias para impulsar una correcta implantación del mecanismo extrajudicial. En este órgano se incluyen a los representantes de los consumidores y de la abogacía, tal y como reclamaba el PSOE.
Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se mostró satisfecho porque su formación ha logrado introducir varias de sus reivindicaciones como que los afectados puedan recuperar en efectivo el dinero pagado indebidamente y reclamar ante cualquier entidad.
