La Generalitat va a eliminar las tasas para atraer startups y firmas punteras en innovación a los enclaves tecnológicos valencianos, según recoge el borrador de ley de Áreas Industriales al que ha tenido acceso Levante-EMV. Las firmas innovadoras tendrán bonificado al menos el 95 % del impuesto municipal de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y el 100 % de las tasas percibidas por la Generalitat Valenciana que puedan afectar a la creación o a la ampliación de las empresas en los enclaves tecnológicos. La Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval) destaca que la nueva ley va a ser «pionera» en España y está convencida de que este tipo de medidas atraerán a los inversores.
El anteproyecto de ley define los enclaves tecnológicos que recibirán beneficios fiscales como las zonas vinculadas a uno o varios parques científicos (como el de Paterna) y que están destinadas a concentrar empresas de alto componente científico y «de alta intensidad innovadora, facilitando la fase competitiva de implantación de tecnología». Este tipo de enclaves estarán en los polígonos empresariales clasificados como «área industrial avanzada. No obstante, se podrán definir como enclaves tecnológicos urbanos, con los mismos beneficios que los otros, aquellas zonas dentro las grandes ciudades con sedes universitarias» caracterizadas por el impulso innovador y la existencia de un «entorno de generación y transferencias de conocimiento» como la Marina de Empresas de Valencia, la StartupUPV (el ecosistema emprendedor de la Politècnica) o el parque científico de Elx.
El anteproyecto de ley establece que los municipios interesados en delimitar un enclave tecnológico deberán «regular a través de la correspondiente ordenanza la aplicación de una bonificación de al menos el 95 % del importe resultante de la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a las nuevas inversiones tecnológicas que se vayan a implantar en dicho enclave o a las ampliaciones de las existentes». Además de la bonificación del 100 % de las tasas de la Generalitat, las empresas de base tecnológica «también gozarán directamente de puntuación adicional y preferencia en la concesión de incentivos autonómicos en materia de emprendimiento e innovación.
Como ya informó este periódico, la nueva ley de áreas industriales también incluirá incentivos fiscales para atraer la llegada del resto de empresas (las que no tienen base tecnológica). Las firmas que se implanten en las áreas industriales avanzadas tendrán un descuento del 30 % en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y se les aplicará una bonificación del 50 % en las tasas autonómicas vinculadas a la creación o ampliación de estas empresas. Para poder acogerse a estos beneficios autonómicos, los ayuntamientos a los que pertenezcan las áreas industriales avanzadas «deberán haber aprobado una bonificación de al menos el 50 % del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las empresas instaladas en el área o las que se pretendan instalar».
Comunidades de propietarios
Diego Romá, gerente de Fepeval, destacó que la nueva ley de áreas industriales supone «un gran avance en la colaboración público-privada. Va a ayudar a mejorar la competividad de las empresas». El gran cambio que introducirá la ley es que las áreas industriales actuarán como comunidades de propietarios para que todas las empresas compartan gastos. El problema que tienen hasta ahora los polígonos es la voluntariedad de la asociación que provoca que muchas empresas se desentienden de gastos como los servicios de seguridad y mantenimiento. Algunos polígonos incluso carecen de servicios básicos como conexión al gas natural o internet de fibra óptica.
Actualmente solo hay una decena de áreas industriales que funcionan con este sistema como el Parque Tecnológico de Paterna, Fuente del Jarro, Atalayas, Pla de la Vallonga, La Pahilla de Chiva o la Comunidad de Propietarios de Polígonos de Picassent.
La ley prevé la figura del ente gestor que aglutina a todas las empresas del polígono. El parque de Elx fue pionero con este sistema al constituirse a finales de los noventa como una entidad urbanística de conservación. El anteproyecto de ley establece que los ayuntamientos podrán reclamar en vía de apremio las cuotas impagadas por las empresas del polígono.
