Cinco expertos en economía colaborativa abordaron anoche en un vivo debate en el Centre Cultural La Nau de València los retos que plantean las plataformas de intermediación de bienes y servicios por internet. Francisco González Castilla (presidente de la comisión de Defensa de la Competencia en la Comunitat Valenciana), Manuel Giner (socio fundador de Muchosol, plataforma que comercializa apartamentos turísticos), Amparo Cervera (catedrática de marketing e investigadora), José Luis Monzón (catedrático, director del IES de la UV y vocal de la junta del Colegio de Economistas) y Alberto Aznar (abogado del despacho Pedrós Abogados y autor de una tesis sobre Blablacar) participaron en el debate convocados por Levante-EMV y la Universitat de València dentro del ciclo de Claustre Obert. El debate estuvo moderado por el periodista de economía del periódico José Luis García Nieves.
Los cinco expertos coincidieron en que la economía «gig» (que es la acepción anglosajona) es un fenómeno imparable, que debe ser regulado para evitar los abusos laborales y fiscales de las grandes multinacionales que están detrás de este tipo de empresas. Amparo Cervera añadió que «la economía colaborativa es una tendencia que ha llegado para expandirse a todos los sectores». La catedrática de marketing precisó que el término «gig» proviene de los músicos de jazz que trabajaban unas horas dando conciertos (gigs) para poder sobrevivir. La investigadora incidió en que internet y las redes sociales han sido claves para su expansión porque permiten controlar los servicios de plataformas de alojamiento como Airbnb y dan seguridad a los consumidores. Cervera destacó que en su desarrollo ha sido esencial el abaratamiento de los costes, lo que ha atraído el interés de los consumidores. Además, han provocado un cambio en el consumo porque los ciudadanos «se han dado cuenta de que no es necesario adquirir un bien para disfrutarlo».
El abogado Alberto Aznar alertó de los riesgos que entraña este tipo de plataformas porque logran el ahorro del producto que ofrecen porque no pagan impuestos (las sedes suelen estar radicadas en paraísos fiscales), operan sin licencia (a diferencia de los taxis) y tienen un modelo laboral que no garantiza los derechos sociales. «Es necesario repercutir las obligaciones fiscales. No puede ser que la economía colaborativa ampare un sistema de economía sumergida que no respeta los derechos sociales ni la legalidad», advirtió. Aznar destacó también el peligro de que no haya un control sobre el alquiler indiscriminado de los apartamentos para uso turístico porque es necesario compatibilizar el derecho al descanso de los vecinos que «puede no respetar una persona que vaya a una vivienda solo para tres días».
Potencial de las plataformas
Por contra, Manuel Giner defendió el potencial de las plataformas de alquiler de apartamentos como la suya y el beneficio económico que reportan a las ciudades. «Nosotros empezamos hace cuatro años a alquilar viviendas a ciudadanos rusos. Ellos buscan un chalé con piscina y sol. Les da igual que esté en España o en Francia. Si dejamos pasar este nicho de mercado se irán a otros países». Giner reiteró que es una oportunidad para crear empleo. «En Valencia hay medio millón de viviendas vacías. Si lográramos alquilar el diez por ciento, crearíamos 4.000 empleos. Además, Hacienda recaudaría ochenta millones de euros. Necesitamos emprendedores que transformen la economía sin barreras», sentenció.
José Luis Monzón replicó que la economía «gig» tiene «derivadas muy perniciosas para los derechos sociales. Puede ser muy romántico lo de organizarte tu propio horario, pero las grandes multinacionales acaban creando su propio mercado de trabajo con sus reglas. Son empresas que no están reguladas y el valor añadido que ofrecen es cero. Los trabajadores son ciudadanos que tienen derechos sociales históricamente conquistados que deben conservar. Yo soy consciente de que no se pueden poner puertas al campo, pero se debe regular».
El presidente de la comisión de Defensa de la Competencia subrayó que los bienes y servicios cada vez van a ser más accesibles a través de estos sistema de economía colaborativa. «Nuestro objetivo desde Competencia es garantizar el bienestar de los ciudadanos y por ello no hay que coartar los efectos beneficiosos de este tipo de plataformas, aunque deben tener una regulación adecuada en materia fiscal y de seguridad», apuntó Francisco González.
