Los defensores del cierre de la cementera Lafarge en Sagunt tendrán una dura oposición en los sindicatos, que defienden los puestos de trabajo que crea la empresa, 150 directos y 300 indirectos. El secretario general de UGT, Ismael Sáez, arremetió ayer contra el Ayuntamiento de Sagunt, cuyo equipo de Gobierno se opone a mantener la actual situación de la empresa. «Es una cacicada del alcalde», denunció Saez, quien se ha implicado en primera persona en el polémico caso y alerta del peligro que corren los empleos. El secretario general del sindicato explicó que no entiende la postura del consistorio -gobernado por un cuatripartito entre Compromís, PSPV, la marca blanca de Podemos ADN Morvedre y EUPV-porque la multinacional cumple todos los permisos para seguir adelante. En caso de que no se le dé autorización para ocupar el suelo, la cementera tendría que dejar de trabajar a partir del 1 de enero del 2018.
En la misma línea que su secretario general se mostró Pilar Tarragón, delegada territorial de UGT en la comarca. «Si el ayuntamiento no puede o no quiere solucionar el problema, que sea la Generalitat la que se moje», dijo en referencia a la posibilidad de que el pleno del Consell valide los permisos. Tarragón aseguró, en contra de lo que dicen los detractores de Lafarge, que «no está en riesgo el medio ambiente. De hecho, tienen la licencia de minas hasta 2042». La sindicalista hizo un llamamiento al ayuntamiento para que dejen trabajar porque también cumple toda la legislación laboral. Es más, añadió, «tienen un convenio propio que es mucho mejor que el del sector».
De momento, los sindicatos ya se han movilizado en favor de la continuidad de la cementera y recientemente los trabajadores de Lafarge se encerraron en el ayuntamiento. Fuentes de UGT apuntaron que estudian el siguiente paso.
El Ayuntamiento de Sagunt ha convocado para el próximo martes 7 de marzo un pleno extraordinario con un único punto del día, la situación de Lafarge.
Por su parte, la multinacional admitió ayer arreglos «inaceptables» por parte de la filial local de la entonces Lafarge en Siria con grupos armados para continuar las operaciones de una planta cementera en el país árabe durante 2013 y 2014.
«Las medidas para continuar las operaciones en la planta fueron inaceptables. Los responsables de las operaciones sirias parecen haber actuado de una manera que consideraban era la mejor para los intereses de la empresa y sus empleados, pero la investigación reveló importantes errores de juicio que no están en línea con el código de conducta aplicable», señaló la compañía en un comunicado.
