Tras abandonar la presidencia de Bankia en 2012, Rodrigo Rato, exministro de Economía, dijo en el Parlamento que la fusión de Caja Madrid con Bancaja y otras cinco cajas de ahorro en 2010 fue una operación inducida bajo presiones, en alusión al Gobierno de Zapatero y al Banco de España, dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Pero el actual ministro, Luis de Guindos, intentó disuadir entonces a su exjefe Rato de la operación y el intento fue vano: el presidente de Caja Madrid estaba convencido de la conveniencia de la fusión porque, según le dijo a De Guindos, «necesitaba ganar tamaño para mejorar el balance».

La salida a Bolsa de Bankia en 2011, que acabó en fracaso, ha llevado ante los tribunales a Fernández Ordóñez, que el jueves declarará como investigado, y a otros responsables del Banco de España y de la CNMV de la época. Se trata de saber si los reguladores y supervisores consintieron en una colocación pública de acciones a sabiendas o no de que la entidad era insostenible y estaba abocada a ser rescatada con dinero público y con daño para accionistas y preferentistas.

Las fusiones. Las fusiones y las salidas a Bolsa de entidades financieras formaron parte de un mismo plan de recapitalización del sector. Afectó mayoritariamente a antiguas cajas pero también a bancos totalmente privados que tuvieron que ser absorbidos por otros mayores y que ya cotizaban. Es verdad, como dijo Rato, que hubo «sugerencias», «indicaciones» y sutiles «invitaciones» desde el Gobierno y sobre todo desde el Banco de España. También se las podría llamar presiones. Es tan evidente que ningún grupo bancario se quedó al margen de la concentración. Todas las entidades consideradas «sanas» tuvieron que quedarse con alguna «manzana podrida» o varias. Sólo se libró parcialmente de ello el Santander y Banca March. Incluso los más renuentes y que más se resistieron (Unicaja e Ibercaja) acabaron contribuyendo. Las presiones existieron pero no fueron determinantes en quién se casaba con quién. Es evidente que el Banco de España intentó impedir que Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria expulsaran de su fusión a CAM en febrero-marzo de 2011 y les recriminó por «no haber sido valientes» para seguir adelante, pero cuando Rato dijo que hizo su fusión porque se la impusieron, Ordóñez le replicó que podía haberse negado como hizo Cajastur con CAM. La política de concentración abocaba a la integración mediante un juego de incentivos a quienes se unieran y de penalizaciones a quienes optaran por seguir en solitario. Los bancos sanos se quedaron con los débiles y los débiles que se unieron para intentar sobrevivir de forma autónoma (caso del Central e Hispano) acabaron finalmente fagocitados. Con las cajas ocurrió lo mismo entre 2009-2012: las fusiones débiles sobrevivieron pocos meses.

El camino de la bolsa.Las salidas a Bolsa también fueron incentivadas desde el regulador. Aún hoy está vigente una penalización impuesta por la ley de cajas y fundaciones bancarias del PP por la que los bancos en el que las antiguas cajas no reduzcan su posición por debajo de la mayoría absoluta dando entrada a capital privado tienen que constituir fondos -cuya dotación es disuasoria para muchas entidades- para cubrir eventuales insolvencias futuras. Esta norma no existía en 2011 cuando Bankia decidió salir a Bolsa. Pero sí existía ya el dirigismo desde los reguladores españoles y europeos (BCE) para que las antiguas cajas se constituyeran en bancos y para que, una vez dado este paso, se abrieran al capital privado con el fin de someterse a la «disciplina del mercado» y para que, en caso de nuevas necesidades en el futuro, pudieran captar capital en bolsa sin acudir a las ayudas públicas. José María Aznar, presidente de la fundación Faes, también defendió esta opción en Valencia el 3 de febrero de 2011. Todos estos condicionantes empujaron la salida a Bolsa de Bankia. Pero, de ellos, el factor determinante en su caso fue la urgente necesidad que tenía la entidad de reforzarse. A comienzos de 2011 Bankia tenía una situación vulnerable, el ciclo económico había mejorado (se había salido de la primera recesión en 2010) pero de forma insuficiente y el Gobierno de Zapatero aumentó la exigencia de capital. Esta decisión fue definitiva: el aumento de los requerimientos agravó la insuficiencia de Bankia. De hecho, Rato anunció la salida a Bolsa el mismo día (31 de enero de 2011) y en el mismo acto en el que criticó la decisión gubernamental.

El fracaso del plan. El plan empezó a fracasar porque Bankia no logró en la colocación de acciones todo el capital que pretendía: los inversores institucionales, sabedores de la debilidad de Bankia y reticentes sobre las economías española y europea, exigieron precios más bajos. Un inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, envió varios correos electrónicos a sus superiores, que fueron desoídos, y según el cuales Bankia estaba abocado al fracaso por la debilidad estructural de las siete entidades fundadoras. Lo que los tribunales tienen que dirimir ahora, tras haber imputado a los reguladores y supervisores de la época, es si ese testimonio, que no fue tomado en cuenta, era una apreciación razonable pero discutible, o si se trataba de un diagnóstico infalible que fue silenciado con dolo. Un informe pericial tras el desastre de Bankia concluyó en 2014 que Bankia había maquillado y manipulado sus cuentas antes de salir a Bolsa y que su balance y cuenta de resultados no reflejaban la realidad contable.