El principal argumento que emplea Airbnb (y otras plataformas de internet) para defender que practica economía colaborativa es que la gran mayoría de sus anfitriones (el 56 %) alquila su primera vivienda. Sin embargo, un informe de la inmobiliaria Fotocasa desmonta esta justificación ya que solo el 14 % de los propietarios alquila la vivienda en la que habita. El informe da la razón a Unión Hotelera (con 100 hoteles asociados en València) que advierte de que este tipo de plataformas que da cobijo a apartamentos ilegales «son un negocio puro y duro».
El estudio «El alquiler turístico, un mercado en alza» revela las tres razones que llevan a la mayoría de los propietarios a decantarse por el alquiler turístico en lugar de por el de larga duración: rentabilidad, rapidez y demanda. La compañía inmobiliaria, que ha realizado el análisis entre mil propietarios, apunta que en la Comunitat Valenciana el 55 % de los inquilinos de los apartamentos turísticos son españoles y el 45 % extranjeros.
El informe precisa que del total de arrendatarios que en el último año ofertaron una vivienda de alquiler turístico, tan solo un 14 % lo hizo con la vivienda en la que habitualmente reside frente a un 50 % que puso una segunda residencia y un 18 % que asegura que se trata de un piso o casa que ya tenía en propiedad. El resto de propietarios adquirió la vivienda como inversión (11 %) o procedía de una herencia (5 %).
Los hoteleros valencianos están preocupados por la competencia desleal de los apartamentos ilegales y han denunciado 3.000 apartamentos ilegales de Airbnb en València ante la Administración para que tome medidas. El colectivo reclama que no se puedan alquilar viviendas particulares a turistas sin el consentimiento de las comunidades de vecinos.
Capitalización
Ximo Sola, presidente de Unión Hotelera, advirtió de que Airbnb tiene una valoración en bolsa de más de 50.000 millones de dólares. «Eso no es economía colaborativa. Las plataformas atienden una necesidad del mercado, pero los apartamentos tienen que estar legalizados para competir con las mismas reglas del juego. A nosotros no se nos ocurre dejar de pagar impuestos ni contratar a personas sin darlas de alta en la Seguridad Social. Esas teorías liberales de Competencia de dejar que el mercado se regule solo no valen si se incumplen las leyes», subrayó Sola.
El sector apunta que cumplir toda la normativa legal a los hoteles les cuesta más de 18 euros por noche y habitación porque el ordenamiento español «es muy garantista».
El representante de los hoteleros lamentó la falta de capacidad de control de la Administración ante un problema nuevo. «Es algo que les ha pillado con el paso cambiado. Ha pasado en todas las grandes ciudades de España. Al principio se extendió la creencia de que es economía colaborativa, pero se trata de un negocio como la copa de un pino», destacó Ximo Sola.
El colectivo ha comprobado tras un exhaustivo análisis que solo en València las plataformas Airbnb y Homeaway tienen al menos 4.604 plazas que «corresponden a viviendas que se ofertan en el mercado sin estar dadas de alta e inscritas en el registro de apartamentos turísticos de la Generalitat Valenciana y sin cumplir la normativa vigente». España es el tercer mercado para Airbnb con más de 57.000 propiedades en su oferta de alquileres.
Recargo en el IBI
Ximo Sola destacó que la Generalitat y el Ayuntamiento de València están trabajando para atajar el problema. «El alcalde de València nos ha dicho que trabajan para regularizar la situación y lo tienen muy adelantado», apuntó. El alcalde Joan Ribó ha planteado que los propietarios de apartamentos turísticos paguen un IBI especial y la nueva ley de turismo del Consell endurece las sanciones con multas por infracciones muy graves de hasta 600.o00 euros.
