El Tribunal de Cuentas sitúa el coste del rescate bancario en casi 61.000 millones

El Tribunal de Cuentas continuará con la fiscalización del coste del rescate bancario y la reestructuración del sector financiero con un nuevo informe que abarcará hasta junio de 2018. Así lo confirmó ayer su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, ante la que presentó el informe que analizaba su fiscalización hasta 2015.

Con un total de 122.122 millones de recursos públicos comprometidos, el Tribunal estima que el coste de la reestructuración bancaria asciende, a cierre de 2015, a 60.718 millones de euros, de los que destacan las aportaciones a Catalunya Banc (12.676 millones), BFA-Bankia (12.347 millones), Banco CAM (11.065 millones), y Novacaixagalicia Banco (9.159 millones).

Según su fiscalización, la Administración General del Estado otorgó avales por un máximo de 85.965 millones, si bien el saldo vivo de la única emisión no amortizada hasta el cierre de 2015 ascendía a 1.059 millones. La emisión de deuda senior de la Sareb, cuyo saldo vivo hasta esa fecha era de 43.476 millones, también está avalada por el Estado.

Negando que existiera «resistencias» a la realización de sus informes, ni en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ni en el Banco de España, Álvarez de Miranda afirmó que encuentra en la crisis «elementos positivos», como el de la transparencia.

Durante el turno de intervenciones de los grupos, el PSOE preguntó al Tribunal por qué el rescate bancario ha costado más que el del resto de países y, apostilló su diputado Antonio Hurtado, «por qué no están en la cárcel los que lo han provocado». Así, comparó que el dinero comprometido se antoja similar al presupuesto anual de la Seguridad Social, ydenunció que, a falta de concretar el coste definitivo del rescate, ya está confirmado que superarán los más de 43.000 millones solicitados a Bruselas. «Delata la enorme mentira que hemos aguantado en este país», aseveró.

Por otro lado, Segundo González, diputado de Podemos, ha destacado el proceso de concentración bancaria en España, donde si en 1997 las cinco mayores entidades aglutinaban un 31% del sector, en 2016 suponen un 61,8%, lo que eleva «el riesgo sistémico potencial».