La Comunitat Valenciana es una de las autonomías de España «especialmente vulnerable en el empleo» a pesar de la recuperación de la economía desde 2014. Así lo reconoce el estudio que acaba de publicar la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y Accenture, donde se indica que un total de 105.530 jóvenes de entre 16 y 29 años -que representan una cuarta parte de la población en edad de trabajar- tienen serias dificultades para llegar a final de mes con sus salarios. Esta situación coloca a la valenciana como segunda autonomía con mayores problemas entre su población juvenil, sólo superada por Andalucía (con 261.406 residentes) y en niveles por encima de las regiones más ricas y con mayor potencial económico como Madrid y Cataluña.
La precariedad del mercado laboral -con tasas de desempleo del 18%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA)- también dejan a la C. Valenciana con algo más de 84.000 titulados superiores en situación de «pobreza laboral», indica el informe dirigido por el profesor Florentino Felgueroso, investigador de Fedea y profesor en excedencia de la Universidad de Oviedo con datos del año 2017 (sin comparación con 2016).
Ingresos inferiores al 60 %
Este demoledor análisis de mercado sobre la ocupación (no detalla por sectores de actividad), en el que han participado entidades sociales como Cruz Roja, Iserta, Fundación Secretariado Gitano o Foessa, considera «pobreza laboral» aquella que afecta a personas que viven en hogares de bajos ingresos; en concreto, que ningún miembro está empleado o los ingresos laborales por unidad de consumo son inferiores al 60 % de la mediana de la de todos los hogares. Además, en esas viviendas existe una baja intensidad laboral, porque el cociente entre horas semanales trabajadas y potenciales entre todos los miembros del hogar es inferior a 0,2. Al mismo tiempo, o están en situación de inactividad, en paro o no consiguen una retribución superior al salario mínimo interprofesional (735 euros al mes).
Por niveles educativos, el colectivo más numeroso de personas en «pobreza laboral» (un 59,3%) eran las personas con estudios de nivel bajo (equivalente o menor a la ESO). La mayor tasa de precariedad la tienen las personas con este nivel educativo seguidas de las personas con una titulación equivalente a la bachiller o formación profesional de grado medio (12.3%). Para las personas con una formación profesional superior (titulados universitarios y FP de grado superior) este indicador se reduce hasta el 6,8%
Por comunidades autónomas, las tasas se situaban entre el 20% y el 25% en Extremadura y Andalucía; entre el 15 y el 20% en Canarias, y Melilla; entre el 10 y el 15% en Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana, Galicia, Murcia y la Rioja, y entre el 7 y el 10 % en el resto de España.