Entre las innumerables tareas sobre las que tendrá que tomar decisiones el nuevo Gobierno se encuentra Bankia, la entidad financiera con sede en València mayoritariamente en manos del sector público (en torno al 61 %). Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez apenas tiene margen de maniobra, tal como coinciden fuentes financieras y el director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Joaquín Maudos. Este último asegura que el Estado no puede vender ahora su participación porque pondría en riesgo la capacidad de recuperar la multimillonaria cifra del rescate a la entidad en 2012. En efecto, Bankia cotizaba ayer a 3,31 euros por título, un 23,4 % menos que a principios de junio de 2017, cuando cada acción valía 4,32.

El Ejecutivo del PP aprobó una prorroga de dos años como límite para la venta. Ahora finaliza en diciembre de 2019. Seguramente, antes habrá nuevas elecciones. De no ser así, Maudos cree conveniente otra prórroga siempre que el valor no se haya recuperado.

Otra de las opciones que hay encima de la mesa es que los socialistas sigan los pasos de sus aliados de Podemos, que defienden utilizar Bankia como trampolín para la creación de un banco público. Es una posibilidad que tanto Maudos como las restantes fuentes financieras consultadas descartan de forma radical: tanto la idea como que esta forme parte de los propósitos del PSOE. Es más, hay coincidencia en que una vía de estas características solo serviría para generar inestabilidad porque lo más probable es que el presidente y el consejero delegado del banco, José Ignacio Goirigolzarri y José Sevilla, respectivamente, lo abandonaran. Maudos añade que ambos «han gestionado bien» Bankia y, por tanto, espera que el nuevo gobierno no propicie un cambio de gestores.