La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado el procesamiento de la causa en la que figuran como investigados los exdirectivos de la CAM María Dolores Amorós y Daniel Gil, el fundador de la promotora de Alicante Hansa Urbana Rafael Galea y el exdirector general de la participada TIP, Vicente Sánchez, por las relaciones entre la mercantil y la entidad de ahorros denunciadas por el Fondo de Garantía de Depósitos hace tres años.

Se trata de la quinta de las siete piezas abiertas por la gestión de la CAM que llegará a juicio. Ya lo han hecho la que indagó el falseo de las cuentas de la entidad y la de las dietas del expresidente Modesto Crespo (ambas con sentencias condenatorias), y la de los créditos al presidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés, de la que todos los acusados salieron absueltos.

Y señalada para junio está la que tiene que dilucidar si hubo delito en los negocios que la caja montó en el Caribe de la mano de los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó.

La instructora ha compartido la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene la existencia de varias operaciones societarias realizadas a finales de 2010 y que, según los inspectores del Banco de España, tuvieron como objetivo que la caja pudiera engordar artificialmente sus beneficios en unos 40 millones en unos momentos más que delicados, justo cuando tenía que presentar las cuentas en solitario antes de la fallida fusión con Cajastur. Un objetivo que se logró, según sostiene la acusación pública, a través de un intercambio de acciones entre la CAM y los Galea.