La protección de casi 276 hectáreas de la montaña de Romeu situadas junto a la cantera que explota Lafarge en Sagunt está pendiente de un nuevo informe jurídico, pero sigue en la agenda del Consell, por más que la multinacional alertara de que esta medida «pone en peligro» la continuidad de su factoría en la ciudad.
Así lo vino a decir ayer la Consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, al tiempo en que reconocía que su departamento ha pedido un informe jurídico adicional; una medida acogida con reservas desde los partidarios de la protección y con alivio desde el comité de empresa de Lafarge pues, como señalaba su presidente a Levante-EMV, Félix Vélez de Guevara, «es lo más lógico. Creemos que hace falta y que no será favorable a la protección tal y como está planteada».
Con este nuevo informe, Medio Ambiente pretende aclarar la duda jurídica que ha hecho que el Pleno del Consell ya haya aplazado dos veces la medida en los últimos 10 días, pese a que el expediente contaba con «todos los pronunciamientos favorables», como aseguró el pasado miércoles el Conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent. La inquietud surgió por la potencial responsabilidad patrimonial que pudiera tener la Generalitat al proteger terrenos municipales sobre los que Lafarge tiene derechos mineros, algo que siempre han descartado los técnicos del consistorio al entender que, si esos derechos no están materializados en una licencia extractiva, sólo son expectativas.
La consellera, no obstante, insistió en que «todo está dentro de una dinámica ordinaria de una propuesta de decreto de paraje natural»; un extremo en el que insistió en su visita a la localidad la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, al ser preguntada por este diario. «Se está conformando el expediente como cualquier otro», dijo. Cebrián, no obstante, dejó claro: «Esperamos que se pueda llevar a cabo esta declaración lo más pronto posible», dijo tres días después de que el alcalde de Sagunt, Quico Fernández, incluso pidiera su dimisión si no se aprobaba en este mandato.
Decisión judicial
Desde Lafarge, de momento, no se han pronunciado sobre si va a recurrir la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de València que ha confirmado la vigencia del expediente que le abrió el ayuntamiento en julio de 2015 por extraer áridos sin permiso en 21.700 m2 de suelo forestal protegido lindante con la cantera. Aunque la factoría alegó errores de grafismo en los límites de la explotación y otros argumentos, el juez ha dado la razón al consistorio y ha obligado a la empresa a pagar las costas del juicio, con el límite máximo de 1.800 ? más IVA.
Esto obligará a la factoría a invertir más de 9 millones de euros en «restaurar la legalidad urbanística» en las dos zonas forestales protegidas de las que, según el consistorio, extrajo 266.500 m3 de áridos sin autorización, pues el informe técnico municipal precisó que las obras realizadas eran «no legalizables», «suponían una infracción muy grave» y presupuestó el coste de los trabajos exigidos en 9,3 millones.
