La nota con la que el Palau anunciaba ayer recurso contra el fallo favorable a Intu omite deliberadamente cualquier connotación política y se centra exclusivamente en defender la «seguridad jurídica». Los abogados entienden que el fallo del TSJ «choca con la legislación estatal y normativa europea», «adolece de incongruencias y contradicciones» y atribuye a la administración la resolución de elementos que dependen del promotor. Con este recurso, se abren dos escenarios: el Supremo puede inadmitirlo, con lo que en pocos meses Medio Ambiente debería volver a evaluar el proyecto, dándole vía libre, según ordena el TSJ; por otro lado, el Supremo podría admitirlo, aplazando de nuevo sine die un centro presentado hace ya casi una década.