Las ayudas agrarias para reconvertir el campo se dirigen solo a sociedades

La Conselleria de Agricultura acaba de aprobar un línea de ayudas vinculadas al Programa de Desarrollo Rural (PDR) -es decir, cofinanciadas por la Unión Europea y la Generalitat- para planes de reconversión y reestructuración de cultivos en la Comunitat Valenciana. Se trata de la primera orden, publicada ayer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), directamente relacionada con los compromisos anunciados por el Govern del Botànic para impulsar la competitividad del campo a través de la Ley de Estructuras Agrarias, aprobada a principios de 2019.

El problema, según lamenta la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), es que la conselleria de Agricultura deja fuera a los agricultores individuales de esas ayudas a planes de reconversión y reestructuración colectivos contempladas en el marco del PDR de la Comunitat Valenciana, lo que implica la exclusión del 60 % de la producción agraria. Así, la citada orden de la conselleria indica las bases reguladoras de dichas subvenciones únicamente fijan como posibles destinatarios de las mismas a entidades asociativas con personalidad jurídica, fundamentalmente cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT). «El Botànic II vuelve a desoír de este modo las demandas que AVA-Asaja formuló, durante las últimas reuniones de la comisión de seguimiento del PDR, para que las ayudas también lleguen a los agricultores a título individual que posean un mínimo de superficie» lamenta AVA-Asaja.

Planes de reestructuración

Esta línea de subvenciones, según los planes que maneja la conselleria gobernada por Mireia Mollà, cubre el 40% de inversiones para la compra de tierras agrícolas; la implantación y reestructuración de cultivos permanentes, reinjertado y adecuación de los marcos de plantación a la mecanización; la gestión en común de parcelas; la mejora de la eficiencia hídrica y energética en el uso del agua de riego o la implantación de métodos de cultivo tecnológicamente avanzados; la adquisición de patentes, licencias, derechos y marcas registradas; y los honorarios de ingenieros o estudios de viabilidad.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, considera que «no vamos a negar la preferencia que deben tener las entidades asociativas a la hora de acceder a las ayudas de reconversión y reestructuración colectivos, pero consideramos inconcebible que la Administración niegue la entrada de dichas ayudas a los agricultores particulares porque supone una discriminación arbitraria y contraproducente para lograr la necesaria modernización del sector».