El sector valenciano del automóvil sigue aspirando a que laautonomía consiga acoger una de las diez megafactorías de baterías para el coche eléctrico que la UE va a impulsar en el continente. La ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció el jueves que el Gobierno se sumará, con Seat e Iberdrola, al proyecto de una planta a ubicar cerca de la factoría que la firma del automóvil tiene en Martorell. El mismo día, sin embargo, ya había voces que ponían en solfa que el proyecto estuviera definitivamente concedido a Barcelona y aseguraban que los otros proyectos mantenían sus opciones, tal como dijo el jueves la Generalitat y reiteró ayer su portavoz, Mónica Oltra. Fuentes del Ministerio de Industria matizaron ayer, según eldiario.es, que lo único seguro es que la factoría estará en España, que podría ir a Martorell pero también a otras poblaciones como València, Zaragoza o Cáceres. En vista de tanta volatilidad no es de extrañar que los empresarios valencianos se mostraran ayer cautos y expresaran su convicción en las posibilidades de la gigafactoría valenciana, liderada por Power Electronics y con la participación, entre otros, de Iberdrola.
Desde la dirección de Ford no quisieron valorar el anuncio de Maroto, pero el presidente del Comité de Empresa, Carlos Faubel, se mostraba ayer confiado en que la de Martorell no será la única factoría de baterías eléctricas que se instale en España. Según el líder sindical, el país, que es el segundo mayor productor de coches de Europa solo por detrás de Alemania, tiene capacidad para albergar hasta dos instalaciones más como esta. «Si queremos abordar la transformación del automóvil en los próximos 5 años, necesitamos una o dos fábricas más. Se necesitarán muchísimas baterías si de verdad queremos acabar con los modelos a combustión y una no será suficiente para nutrir a todas», entiende Faubel.
Las baterías, explica, pueden llegar a pesar hasta 300 kilos, por lo que alerta de que si la alternativa valenciana no cuaja y Ford pasa a depender de Cataluña, habría que estar atentos a los costes logísticos que su transporte podría generar. Precisamente, el enclave próximo a Seat, si resulta elegido, es el punto que Faubel entiende como más peligroso para el proyecto al que aspira la Generalitat. Su cercanía relativa con Almussafes le lleva a «dudar» de que se elija una segunda localización tan cercana cuando la tercera opción, un consorcio vasco-catalán, está empujando por instalarla en la zona centro-norte peninsular.
Por su parte, desde Avia, su presidenta Mónica Alegre consideró «positiva» la elección de Cataluña ya que avala la continuidad de Seat y, por ende, garantiza el futuro de proveedores valencianos que trabajan con la marca española. Igualmente, el clúster insiste en «seguir trabajando» para lograr la instalación de Almussafes. El presidente de la CEV, Salvador Navarro, insistió en que la factoría catalana es «compatible» con la valenciana y destacó la «madurez» del proyecto, algo que «lo diferencia del resto», dijo. El líder empresarial admitió estar «sorprendido» por el anuncio de Moncloa apenas un día después de la visita de la ministra Teresa Ribera a Power Electronics.
Además, el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, consideró el proyecto como «una inversión clave» para la industria valenciana y mostró su apoyo explícito para culminarlo. El presidente de la patronal del metal, Vicente Lafuente, resaltó que es un proyecto «avanzado» y que está en condiciones de recibir los fondos.
Oltra insistió en que ambos proyectos «no son incompatibles» y que el valenciano «sigue adelante» y será respaldado por el Consell.
El consorcio vasco- catalán cree que hay espacio «para todos»
El consorcio vasco-catalán liderado por la empresa InnoEnergy, que también aspira a instalar una gigafactoría de baterías en el País Vasco y Navarra, cree que «hay espacio para todos» y continúa adelante con su iniciativa. El proyecto de InnoEnergy comprende toda la cadena de producción de las baterías: desde la extracción de hidróxido de litio en Extremadura a la fabricación de celdas (el componente principal que almacena la energía) en el País Vasco y el ensamblaje final en Navarra. El consorcio necesita una inversión de 1.200 millones de euros.
