Air Nostrum seguirá gestionando hasta 2023 los vuelos de repatriación y reubicación de personas migrantes que contrata el Ministerio del Interior. La unión temporal de empresas (UTE) formada por la aerolínea valenciana y Evelop Airlines ha vuelto a ganar el concurso público que saca a licitación el Gobierno tras concurrir con una oferta por valor de 9,9 millones de euros que le ha valido para imponerse a la propuesta de Air Europa y Airnova, la única candidatura competidora que llegó al final del proceso. La tercera en discordia, presentada por Canary Fly, fue rechazada por no cumplir con el pliego.
La nueva adjudicación, que en su ciclo actual ya está en manos del consorcio formado por la compañía de Carlos Bertomeu y la perteneciente al grupo Barceló, entrará en vigor el 4 de junio y será válida durante los siguientes 18 meses tras superar algunas dudas sobre su precio. Y es que la puja de Air Nostrum fue sensiblemente inferior a la presentada por Air Europa, la aerolínea que tradicionalmente operaba estos vuelos, y llevó a la Mesa de contratación a exigir una justificación, que posteriormente sería admitida.
El precio final del contrato asciende a 10.890.000 euros (los 9,9 millones más el 10 % del IVA), si bien el propio ministerio alerta de que en materia migratoria se hace complicado saber con exactitud la carga de trabajo que exigirá el encargo. Por eso toma como referencia el «gasto real» de los años 2017 y 2018, que arroja una media mensual de 465.000 euros, y le otorga además un «límite de incremento» del 10 %.
Interior estipula precios unitarios para cada vuelo en función del tipo de avión: 9.990 euros por hora en el aire de los de hasta 75 plazas, 11.550 euros para los de entre 76 y 120 asientos, 18.700 para los de entre 121 y 200 pasajeros y 24.200 para los de una capacidad superior. Air Nostrum recibirá este 2021 algo más de 3,5 millones de euros y los 7,3 restantes se abonarán durante 2022.
El contrato contempla dos tipos de vuelos, los de «traslado de ciudadanos extranjeros a sus países de origen en ejecución de las órdenes de expulsión» y los traslados dentro del propio país para «armonizar» los niveles de ocupación que se dan en los Centros de Internamiento de Extranjeros.
La aerolínea sigue a la espera de que la SEPI decida sobre el préstamo de 103 millones que ha solicitado a este fondo activado por el Gobierno para garantizar la solvencia de empresas estratégicas afectadas por la pandemia.