Hacienda y Economía se enrocan sobre la solución de futuro para Feria València

A Feria València parece venirle al dedillo el mito de Sísifo, el rey de la mitología griega condenado a subir una roca a la cima de una montaña aunque cuando llegaba a la cúspide la piedra rodaba cuesta abajo. Y entonces, vuelta a empezar. Tal le sucede a la institución. Cuando parece que se le despeja la ruta para lograr una definitiva salvación, surge de pronto otro obstáculo en el camino. La conselleria de Hacienda remitió ayer a la de Economía, la primera regida por los socialistas y la segunda por Compromís, sus alegaciones al decreto ley sobre la naturaleza jurídica futura de las instituciones feriales elaborado por este último departamento en las que viene a hacer una enmienda a la totalidad.

O casi, porque rechaza que la fórmula propuesta por Economía, la de una corporación de derecho público similar a aquella por la que se rigen las cámaras de comercio, sea adecuada para solventar el gran escollo que atenaza el futuro de Feria València: la cuenta acreedora por la que adeuda a la Generalitat 445,4 millones de euros. La administración autonómica ha asumido la multimillonaria deuda de la entidad -y los 76 de la alicantina IFA- pero no la condona con la operación de subrogación y ahora considera que la corporación de derecho público no se ajusta a los requisitos para hacerlo. Si no se suprime la citada cuenta, Feria València es inviable e iría a causa de disolución.

En las alegaciones, Hacienda asegura que cualquier operación jurídico patrimonial que tenga como finalidad la gestión de la deuda debería realizarse en el seno de una entidad -ya sea una sociedad mercantil, ya sea una Entidad Pública Empresarial- «incardinada en el perímetro del Sector Publico Instrumental (SPI) de la Generalitat».

Perímetro

El departamento de Soler defiende que optar por una entidad dentro del perímetro del SPI «permitiría la realización de las aportaciones de activo y patrimonio relativas a los inmuebles y saldo acreedor que harían posible la viabilidad de una nueva entidad con una estructura patrimonial sin desequilibrios y una integración del personal ajustada a las necesidades reales». Sería «una solución relativamente sencilla», asegura.

A su entender, la fórmula planteada por Economía de un saldo acreedor frente a la Generalitat por un importe de unos 500 millones de euros a favor de una entidad privada como sería esa futura corporación de derecho público, «no se podría acometer por la Generalitat». Según Hacienda, este tipo de entidades no se pueden capitalizar en sentido estricto porque carecen de capital social dividido en acciones o participaciones que den lugar a unos derechos políticos y económicos.

Además, sostiene que «no existe cobertura legal para la realización de aportaciones directas al patrimonio de estas entidades, a fondo perdido, para compensar pérdidas o fortalecer su solvencia porque las CDP son un tercero privado para la Generalitat». Desde su punto de vista, «las soluciones posibles que apunta el borrador (capitalización, cancelación) solo serían posibles en el ámbito de una operación dentro del perímetro SPI GV».

Respuesta

Fuentes de Economía, por su parte, aseguraron ayer a este diario que las alegaciones deben analizarlas antes de pronunciarse entre el viernes y el lunes próximo y recordaron que inicialmente, cuando comenzó el largo proceso de reestructuración ferial hace más de un lustro, era Hacienda la que defendía asumir la deuda ferial y luego privatizar la institución, cuando ahora quiere que forme parte del sector público, como postula desde un principio Economía. El problema, añaden, es que el departamento que dirige Vicent Soler, al hacer una apuesta por meter a la Feria en la Admnistración, la está obligando a regirse por el sistema de contratación del sector público, lo que va en contra de las necesidades de esta entidad, que necesita flexibilidad en la organización de certámenes. Esto, en opinión de la conselleria dirigida por Rafa Climent, es lo que facilita su fórmula desde la tutela pública.

No obstante, en sus alegaciones, Hacienda llega a la conclusión añadida de la «ausencia de normativa estatal básica habilitante» para la creación de corporaciones de derecho público (CDP) en materia ferial, lo que implica que la fórmula de Economía, además de no resolver la deuda, como admitieron sus dirigentes en un principio, también es inviable en términos legales. Así las cosas, se abre ahora otro tira y afloja entre los dos departamentos de la Generalitat, a la espera de ver también si Economía, tras el que parece un plan A fallido, dispone de una alternativa.