La Comissió Ciutat-Port, plataforma ciudadana formada por diversos colectivos de vecinos, instituciones y asociaciones ecologistas, pidió ayer la apertura inmediata de una investigación sobre el supuesto trato de favor por parte de la dirección del organismo público a un empresario, en referencia a Vicente Boluda, miembro de su consejo de administración.
La operación fue denunciada en diciembre por la Comissió Ciutat-Port ante el Tribunal de Cuentas, porque supone la entrega de una concesión para construcción de edificios de oficinas a favor de Boluda Corporación Marítima S.L., a cambio del rescate de unos astilleros que cesaron su actividad en 2012 (donde se prevé construir la nueva terminal de pasajeros y cruceros que explotará Baleària) y que se valoraron «artificialmente» en casi cuatro millones de euros, según un comunicado de la Comisión Ciutat-Port.
La plataforma liderada por Antonio Montiel, quien también exige la dimisión del presidente de la APV, Aurelio Martínez, considera que incluir un punto en el orden del día del próximo consejo de administración para declarar «lesivo» el acuerdo, es «el simple reconocimiento de las irregularidades denunciadas ante el Tribunal de Cuentas, pero exige investigar y depurar responsabilidades para garantizar que se salvaguarda el bien público».
Compensación
«Se adoptó un acuerdo totalmente irregular que, además del trato de favor a un empresario, supone pagar una compensación por unos terrenos que podrían haberse recuperado gratis», denuncian los miembros de la plataforma ciudadana. La Comissió Ciutat-Port señala que «Aurelio Martínez, como máximo representante de la entidad pública APV, es el responsable último de que se impulsase ese rescate innecesario y se diese conformidad a un precio que la APV podría haberse ahorrado tan solo declarando caducada la vieja concesión abandonada por Unión Naval de Levante».
La plataforma ciudadana considera imprescindible una investigación de lo ocurrido para, más allá de la responsabilidades contables y económicas que pueda detectar el Tribunal de Cuentas, se depuren otras posibles responsabilidades, incluidas las penales.
