La economía es el mundo de las expectativas. Los agentes económicos, consumidores y empresas, tomamos nuestras decisiones de consumo, ahorro e inversión influidos en gran medida por las expectativas que tenemos sobre la evolución de acontecimientos futuros como las previsiones de ingresos o la estabilidad del marco jurídico. En este contexto, es lógico pregonar que el principal papel de los gobiernos en la economía es el de fomentar la iniciativa y crear un marco de estabilidad para que los agentes económicos puedan desarrollar con garantía dichas iniciativas de consumo e inversión.
Dentro del pensamiento económico, se ha planteado en los últimos años la íntima vinculación entre las estructuras políticas e institucionales de un país y su nivel de desarrollo económico, existiendo una clara correlación entre países que cuentan con sistemas políticos estables e inclusivos y altos niveles de desarrollo económico y social.
Por lo contrario, la existencia de marcos inestables que plantean incertidumbres con respecto a los elementos básicos de las decisiones económicas juega un papel en contra del crecimiento y la recuperación.
Sin duda, las elecciones del pasado domingo dejan un escenario político marcado por la incertidumbre. Durante más de treinta años, dos partidos se han ido alternando el poder: a veces en solitario, gracias a una sólida mayoría absoluta, otras con apoyos. Pero siempre con la representación suficiente para poder gobernar con cierta estabilidad. El nuevo reparto de escaños, muy fragmentado y con posiciones muy diferentes, hace presagiar una muy difícil gobernabilidad lo que, en el futuro más cercano, no parece augurar nada positivo en el ámbito económico.
En este sentido, BBVA Research señalaba hace unos meses que esta incertidumbre, junto al impacto indirecto de la desaceleración china y la reducción del gasto público, son las principales amenazas de la recuperación económica. Advertía de que estas dudas sobre el devenir político podrían haber comenzado a tener un impacto sobre el consumo privado.
En el caso de nuestro país, el problema se ve agravado por su gran dependencia de la financiación exterior. La obtención de dicha financiación depende en gran medida de la confianza que la economía nacional transmita a los inversores extranjeros a la hora de adquirir o renovar su confianza en las emisiones de deuda pública y privada española.
También pueden verse muy afectadas las propias inversiones extranjeras en la Comunidad Valenciana que han ido recuperándose paulatinamente en los últimos años. En una reciente encuesta en la que participaron un millar de economistas, la primera medida para seguir aumentando estas inversiones, fundamentales para la reactivación económica, era, precisamente, la garantía de la seguridad jurídica y la protección a los inversores con acuerdos bilaterales estables.
Pero, además, una situación de inestabilidad política hace muy poco creíble que se pueda llegar a consensos suficientes para poder abordar las grandes reformas y proyectos estructurales que siguen pendientes en nuestro país. En el caso de la Comunidad Valenciana es una cuestión especialmente sensible por las repercusiones que pueda tener en relación a proyectos clave para nuestra economía como el corredor mediterráneo o la reforma del sistema de financiación autonómica.
Sin embargo, tras las elecciones del pasado domingo, el panorama no tiene porque ser tan sombrío si las diferentes fuerzas políticas son capaces de establecer consensos básicos en torno a las grandes cuestiones y formar un gobierno que tenga un grado de estabilidad suficiente. En este segundo caso, probablemente la democracia saldrá enormemente reforzada y, con ella, nuestra credibilidad internacional y nuestra economía.
Está claro, también desde la óptica económica, que nos encontramos en un momento clave para la historia política y económica de nuestro país en donde se va a poner a prueba la capacidad de nuestro sistema político-institucional para ser un elemento de impulso y desarrollo del país.
De cómo se resuelva esta circunstancia, dependerá en gran medida el futuro de España a medio plazo y nuestras posibilidades de recuperación económica y desarrollo futuro.