El sector servicios está tirando de la creación de empleo en España y la Comunitat Valenciana. Casi el 80 % de los puestos de trabajo que se crearon en el mes de abril fueron a parar a esta rama de la economía liderados por el turismo que volverá a vivir en 2017 un año de récord. Mientras y de manera casi silenciosa, la construcción sigue recuperándose poco a poco tras el hundimiento del periodo 2008-2015.
Según los datos de paro registrado, la construcción generó el 5 % de puestos de trabajo y ya se empiezan a ver los carteles de nuevas promociones en las ciudades València y Alicante (concretamente en Playa de San Juan). Castelló todavía tardará un tiempo en verlos. Sólo en la capital del Túria hay una treintena de promociones de obra nueva que pueden favorecer mucho el movimiento de la economía. Los pocos promotores que quedan vivos tras la debacle también se están atreviendo en municipios medianos. En la costa, sobre todo en las comarcas de las Marines, se reactivaron antes, casi a la par con Madrid y Barcelona, donde hace doce trimestres que pasó la crisis del sector.
Esta reactivación está generando ya las primeras colisiones con la administración y también ha resucitado viejas ocurrencias que ayudaron a hinchar la burbuja que explotó en el año 2008. El sector se queja del Ayuntamiento de València porque tarda un año y medio en conceder las licencias de obra para empezar a construir cuando lo normal serían tres meses. Esta burocracia frena el despegue definitivo de un sector que si se recupera -está a años luz de las cifras precrisis- ayudará a dinamizar la economía a poco que se agilicen los trámites. De las obras que se quedaron a medias en decenas de municipios con cero atractivo inversor o para residir ya tendrán que tomar decisiones los bancos que las tuvieron que asumir.
Esta semana el Gobierno de España lanzaba, al calor de esta recuperación del sector y con la excusa de los jóvenes que no acaban de emanciparse, unas ayudas para la compra de vivienda. ¿Cuales? Pues unas muy parecidas a las que retiró en 2012 en plena crisis por la deuda soberana y que colaboraron en la fiebre hipotecaria de principios de la década del 2000. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que el plan se centrará en el alquiler dado el cambio de tendencia y el desequilibrio entre adquisición y arrendamiento.
Estas ayudas son previsibles, poco imaginativas y abundan en errores del pasado. Además, adolecen de un gran desconocimiento de la población a la que van dirigida. Los menores de 35 años tienen que compartir piso porque los alquileres -en Madrid, Barcelona y València- están entre los 800 y los 1.700 euros al mes de media. Pagar la mitad no impedirá que estos ciudadanos puedan vivir solos con sus sueldos de 800 euros.