Demonizar al empresario es un ejercicio que nunca me ha gustado. Si existe una figura clave para el progreso social y económico de un estado es la de aquel que pone su dinero, asume riesgos, crea empleo digno, gana dinero y genera riqueza para el país y para la brigada de los trabajadores por cuenta ajena. Si, además, devuelve a la sociedad parte de lo que recibe de ella a través de ayudas a los que más lo necesitan, todavía es más digno de alabar. Cuanto más beneficios obtenga él, mejor les irá a los demás.
Por eso no comparto la cruzada contra el empresario que en múltiples ocasiones protagonizan los movimientos populistas. Que Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, se presente como el abanderado de los anti Ibex-35 me produce urticaria, igual que tampoco me gusta nada el libro que Iglesias ha presentado por todo el país: Ibex 35, una Historia Herética del Poder en España, del sociólogo Rubén Juste.
Lo mismo siento hacia el sindicalismo mal entendido anticapitalista porque sí. Y se lo dice alguien que es una firme defensora de la negociación colectiva y que hasta hace escasos meses era presidenta del comité de empresa del que entonces era su periódico, Expansión.
Criticar al empresario es el recurso más fácil, igual que culparles a ellos en exclusiva de las desigualdades económicas y de las diferencias salariales de la sociedad. Así me veo obligada a explicarlo en encuentros con amigos, conocidos, colegas de profesión o lectores. Lo hago por puro convencimiento.
Pero les diré que esta semana me lo han puesto muy difícil. Las revelaciones sobre las prácticas empresariales de algunos de los principales contratistas valencianos y su papel en la financiación irregular del Partido Popular, detallada por Ricardo Costa y admitida por los propios empresarios, es para echarse a llorar.
Si no lo han hecho aún, lean las declaraciones de Vicente Monzonís, expresidente de los constructores de Castellón, que reconoce que pagaban a los licitadores una comisión del 3 % para quedarse con las obras. Luego ellos aplicaban sobreprecios del 30 %. Vergüenza.
Que la Comunitat Valenciana, mi casa, sea la tierra del sobrecoste y de las mordidas a los políticos duele infinito. Una cosa es que sea algo que muchos sospecharan o admitieran en privado. Pero escucharlo en directo en un juzgado es muy distinto. De nada sirven justificaciones baratas como que la misma culpa tiene que corrompe como quien se deja corromper (obviamente). ¡Fuera a los caraduras del sobrecoste! Más aun cuanto todo todo apunta a que ellos se van a ir de rositas de este embrollo judicial, salvo el pago de una multa mínima.
Quiero creer que los contratistas de la Gurtel no son todos los empresarios y que los que responden al perfil que les planteaba al principio de esta historia son multitud. Pero que existan estas manzanas podridas asusta a cualquiera y puede dar alas a los populistas. Ojalá que no.