Vaya por delante que no hay perdedores. Ahora bien, sí hay territorios que han obtenido mayores beneficios que otros desde la implantación del Estado autonómico en 1980 o, si quieren, desde que quedó para la Historia aquel horror llamado franquismo. No siempre gracias a la nueva configuración territorial, porque hay otros factores que han tenido una influencia también capital. Por diversas razones, Madrid, País Vasco y Navarra figuran, según los expertos consultados, en el grupo de cabeza. También hay coincidencia en que la Comunitat Valenciana se encuentra en el furgón de cola.
Un factor crucial para analizar cómo le ha ido a cada cual en esta fiesta es el análisis del PIB, es decir, la renta, del territorio y su distribución entre cada uno de sus ciudadanos, o sea el PIB per cápita (ver gráfico). Antes que nada hay que precisar, como hace el director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, que los casi 40 años de Estado autonómico «han supuesto una enorme mejora para el conjunto del país». Lo dicho, todas las regiones han ganado. El PIB real se ha multiplicado por 2,3 y el PIB per cápita, por 1,9. La diferencia de incremento entre uno y otro la marca la población, «que ha crecido de forma desigual» por la migración interna y externa. Unas autonomías han ganado población y otras la han perdido. Otro factor a tener en cuenta es la población ocupada, que ha pasado de 11,9 a 18,8 millones de personas. Un 60 % más. En la Comunitat Valenciana, de 1,2 a 2 millones. «Hay más gente produciendo y, por tanto, generando más riqueza», apunta.
Ahora bien, ¿a quién le ha ido mejor? Pérez precisa que depende de la variable. Por crecimiento del PIB, Madrid, Baleares, Aragón, Andalucía, Extremadura y Murcia. Por PIB per cápita, Aragón, Asturias, Castilla y León, Navarra, Galicia y Madrid. Esta última autonomía es la ganadora absoluta. Y es que combina el enorme poder político central con la atracción de los sectores económicos más modernos y rentables en los servicios. Su singularidad está en que dejó su antigua pertenencia a Castilla la Nueva y se convirtió en autonomía uniprovincial: acaparó lo mejor del centro y se desligó de provincias menos ricas como Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. Su pujanza económica no trajo aparejado un reparto del poder institucional entre el resto de autonomías, a diferencia, como apunta el catedrático emérito de Historia Económica, Jordi Palafox, de lo que sucedió en Alemania, donde la mayoría de los principales órganos del Estado se encuentran repartidos por todo el territorio. No es algo baladí: «Si quieres presionar al Tribunal Constitucional, por ejemplo, y este está en Alicante, debes ubicarte ahí». Además, la capitalidad, añade Pérez, tiene una función tractora sobre las multinacionales y grandes empresas, porque «genera un efecto aglomeración sobre todo de servicios cualificados que atraen a más servicios, aunque sean de un nivel inferior, y además comportan salarios más altos». No solo eso, también Madrid ejerce una presión succionadora de titulados de otras autonomías.
El catedrático de Historia Económica de la Universitat de València, Daniel Tirado, aporta otra variable sobre la diferente evolución autonómica que tiene un alcance global. Asegura que «desde los años ochenta la desigualdad está creciendo en España». Se trata de un fenómeno bastante extendido en el mundo desarrollado que Tirado no vincula tanto a los cambios institucionales como a los tecnológicos. Su origen está fundamentalmente en actividades encuadradas en los servicios de alto nivel, que generan mucha más riqueza que otros, «que se pueden concentrar en menos espacio, a diferencia de lo que sucede con la industria» y que buscan la cercanía con los grandes centros de decisión política y económica. Es un proceso que comienza justo cuando nace el Estado autonómico y que en España tiene un gran beneficiado: Madrid. Pero es algo que sucede en otros lugares, como Reino Unido con Londres o Francia con París. Un suceso que ilustra esta tendencia a la concentración, como apunta Tirado que ha sucedido en Madrid y Londres, ha sido la desaparición de la banca regional y la concentración del sector en ambas capitales. La pérdida de empleos de alto nivel ha sido enorme en la Comunitat Valenciana, como es bien sabido. Otro factor clave añadido es la productividad, que depende de la estructura productiva: «Las regiones que más crecen son aquellas donde el peso de los servicios de mayor valor añadido es más elevado».
El profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València, Vicente Pallardó, opina que en estos años se ha producido una convergencia entre territorios, pero «ficticia». Los «más atrasados antes del Estado autonómico se han acercado a los más desarrollados, pero no porque su PIB haya crecido, sino porque la población se ha desplazado a las zonas más ricas». Incluso Madrid y Cataluña son las principales receptoras de los extranjeros. Así, Andalucía, Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha siguen a la cola. Con un problema añadido, las transferencias de renta internas y europeas han ido a parar sobre todo a esas zonas, con lo que «algo no se está haciendo bien».
Pallardó cree que el Estado autonómico está «desequilibrado», entre otros motivos por una configuración de las infraestructuras -radial- que beneficia al centro y perjudica al área mediterránea -el corredor o el AVE son buenos ejemplos- pero también por la existencia de uniprovinciales: no solo Madrid, sino también La Rioja o Cantabria, esta última la mejor financiada tras las dos excepciones del sistema, que son Navarra y el País Vasco. Esta última cuestión es clave. Como afirma Francisco Pérez, la financiación autonómica «no ha ejercido de factor de corrección territorial». La Comunitat Valenciana, que ha visto cómo su PIB per cápita caía diez puntos en este período, es contribuyente neta cuando debería ser al revés. Si la renta global baja y aumenta la población, «consumes más recursos que otros en servicios públicos, lo que te quita dinero para poner en marcha otras políticas de apoyo y transformación del modelo económico». El País Vasco y Navarra, con el cupo, cuya «singularidad se ha convertido en un privilegio», no contribuyen a la solidaridad territorial, gastan mucho en servicios públicos y tienen ingresos para otras políticas» que han permitido reconvertir su industria y profundizar en sectores con mayor valor añadido. Extremadura, por su parte, tiene una renta baja pero un sector público muy fuerte, apunta Palafox, con una voluntad muy asistencial y de subsidios más que de promotora económica. Y Pallardó saca su dedo acusador hacia los gobiernos autonómicos -no todos- respecto a que no se haya producido una convergencia real: «No han sabido aprovechar las transferencias. Se ha concentrado mucho el dinero en el sector público y en el despilfarro en lugar de impulsar la iniciativa privada, como ha hecho el País Vasco». Ahora bien, admite que, por ejemplo, Cataluña y la Comunitat Valenciana han perdido posiciones, sobre todo la segunda, por el incremento de la población, y que a ambas les habría ido mejor si hubieran tenido un sistema de financiación justo. Por cierto que Palafox, Pallardó y Pérez coinciden en que a Cataluña no le han sentado nada mal estos años de autonomía, pese al auge que ha experimentado el movimiento independentista. Tampoco le ha ido mal a la Comunitat Valenciana, que, como apunta el director del IVIE, «históricamente fue rica y ahora no lo es», aunque «podría estar mejor». En cualquier caso eso -ni nada de lo que se ha argumentado hasta aquí, «quiere decir que haya que ir a la recentralización». Vamos, que pese a todo esta es una historia exitosa.