De institución desconocida a epicentro de los seísmos habituales en campaña. En apenas mes y medio desde que el pasado 5 de marzo se disolvieran oficialmente las Cortes, la Junta Electoral Central (JEC) se ha convertido en una de las principales protagonistas del enconado debate político. Pese a ser un órgano permanente, su relevancia se multiplica exponencialmente durante los períodos electorales debido a su función de «velar por la transparencia y objetividad» y «del principio de igualdad» de los mismos desde que se convocan los comicios.
Especialmente de cara a unas elecciones tan polarizadas como las del 28A, a las que los principales partidos llegan con sus discursos endurecidos y apelando a temas sensibles, como el debate territorial, en busca de activar emocionalmente a su electorado y diferenciarse de su adversario. Y a esto hay que añadirle la tendencia a la judicialización de la política en España, agudizada desde el estallido de la crisis en Cataluña.
Así, desde que Pedro Sánchez confirmara el adelanto electoral, la Junta ha tenido que resolver decenas de reclamaciones de la práctica totalidad de formaciones políticas que cuestionan las conductas de los otros partidos. Por ejemplo, ha advertido a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre el uso de las redes sociales institucionales con fines políticos; ha exigido al presidente catalán, Quim Torra, la retirada de la simbología independentista de los edificios públicos o ha dado luz verde a las ruedas de prensa del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros, bautizadas como «viernes sociales», recurridas por Ciudadanos y Partido Popular. Sus decisiones han marcado la precampaña y desde el martes, con la suspensión del debate de Atresmedia al que el presidente del Gobierno había decidido asistir, también agitan la campaña.
Su resolución de no autorizar el único debate en el que iban a coincidir PSOE, Partido Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox por motivos de proporcionalidad dio al traste con la estrategia de Pedro Sánchez, muy interesado en juntar a populares y naranjas con los ultras para realzar su imagen centrista y moderada que está buscando labrarse durante esta campaña. De hecho, el propio Ejecutivo defendió ayer que los candidatos seleccionen su presencia en estos debates en base a sus estrategias electoralistas.
Enfado de cara a la galería
La decisión desató las críticas de Vox hacia este organismo. Su presidente, Santiago Abascal, denunció que en la JEC «mandan los separatistas» pese a que su resolución se basó en su jurisprudencia del año 2015 cuando Podemos y Ciudadanos sí que fueron autorizados a participar por ser «grupos políticos significativos». La diferencia con el caso actual es que, según el organismo, invitar ahora a Vox (que obtuvo un 0,1 % de los votos en 2016) obligaría a Atresmedia a hacer lo propio con los grupos parlamentarios que sumaron más apoyos que el partido de ultraderecha para cumplir con los criterios de proporcionalidad.
Llama la atención la acusación de Abascal teniendo en cuenta las repetidas órdenes dictadas a la Generalitat para la retirada de los lazos y cualquier referencia a los políticos encarcelados así como que el líder de Vox acuse de cumplir órdenes de «separatistas» a un órgano integrado por ocho magistrados del Tribunal Supremo y cinco vocales catedráticos de derecho o de ciencias políticas y sociología. Tal vez ese fue el motivo por el que el martes, en un whatsapp filtrado por error, un dirigente de la formación reconoció que la decisión de la JEC «viene bien» a Vox pero que pese a ello debían «trasladar su gran cabreo».