El informe jurídico encargado por la Mancomunitat de l'Horta Sud que descarta que el fallo del Tribunal Supremo permita retirar los fotorrojos ha acabado con la única esperanza de los ayuntamientos afectados -Catarroja, Sedaví, Beniparrell, Massanassa y Picanya-para suprimir el contrato que mantiene la Mancomunitat con la empresa de las cámaras sancionadoras.
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Una batalla que principalmente había liderado el alcalde de Catarroja, Jesús Monzó (Compromís) que fue el que presentó un recurso de casación a una sentencia que anulaba la multa impuesta a una conductora , con el objetivo de que el Supremo crease jurisprudencia sobre los fotorrojos para, a partir de entonces, poder evitar las sanciones. Cosa que no se produjo como así demuestra el informe jurídico que ha analizado el fallo del Supremo.
«Ante este informe realizado por una letrada especialista en el tema no podemos dar un paso adelante. No me puedo arriesgar a ir contra las garantías jurídicas y exponerme a una sanción que acaben pagando los vecinos de Catarroja. Soy su máximo responsable y tengo que velar por el interés general», señala Monzó.
El mandatario asegura que desde el consistorio se ha hecho todo lo posible para acabar con el contrato que firmó la exalcaldesa de Catarroja del PP que en ese momento era presidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud. «No hay que olvidar que tenemos un informe del director del Centro Español de Metrología, José Manuel Bernabé, certificando que estas cámaras no son sometidas al control del Estado. Informe posterior a la única sentencia que anula una sanción», dice. Pero ni eso, ni el resto de informes de la Federación de Municipios y Provincias , ni de la Intervención y Secretaría de la Mancomunitat han servido para anular los fotorrojos.
«No nos queda otra que cumplir el contrato hasta febrero de 2019», dice Monzó aunque el Ayuntamiento de Catarroja ha encargado un informe a sus servicios jurídicos de forma paralela al realizado por la Mancomunitat, como también han realizado otros municipios como Sedaví.