El juzgado de primera instancia e instrucción nº 1 de Paterna está investigando las presuntas irregularidades cometidas en la gestión del Instituto Municipal de Cultura y Burjassot (IMCJB), después de que el propio alcalde, Rafa García, pusiera en conocimiento de la Fiiscalía las conclusiones de una investigación interna.
El pasado 8 de noviembre tres agentes de la policía judicial se presentaron en el consistorio para requerir a Intervención y Secretaría toda una serie de documentos relacionados con las supuestas irregularidades. Un día después, el consistorio inició la recopilación de información, que ha ido remitiendo al juzgado.
El caso lo destapó el PP en 2016, cuando denunció públicamente que el entonces director del Imcjb, Antonio Collado, había emitido una serie de facturas a nombre de «una empresa familiar» y que posteriormente «cambió por otras a nombre de un tercero con los mismos importes y conceptos». También apuntaban los populares a que se contrató a «un familiar directo» de Collado.
En 2017, Rafa García, máximo responsable del departamento de Cultura cuando se produjeron los hechos denunciados, decidió abrir una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. Las conclusiones derivaron en dos aspectos.
Por un lado, el alcalde decidió poner en conocimiento de la Fiscalía todo lo ocurrido. Esa comunicación propició la apertura de diligencias por parte del juzgado de Paterna, que determinó el requerimiento al ayuntamiento de toda la documentación que disponga sobre la gestión del IMCJB.
Por otra parte, la instructora solicitó inhabilitar durante tres años al director del centro. Collado había pedido meses antes una excedencia para acogerse a una comisión de servicios y marcharse a trabajar al departamento de Juventud del Ayuntamiento de València. Tras conocerse las conclusiones de la instructora, la polémica saltó hasta el cap i casal, hasta el punto de que la concejala María Oliver destituyó de forma fulminante a Collado por «pérdida de confianza», ya que, argumentó la regidora, el cargo de confianza debería haber comunicado antes de su incorporación que tenía un expediente abierto en Burjassot. Tras el cese, el funcionario de carrera pidió su reincorporación al consistorio de l'Horta, aunque ahora está de baja por una cuestión médica. Además, el expediente con la inhabilitación se encuentra en suspenso al estar abiertas las diligencias judiciales.
En este sentido, el PP cargó ayer contra Rafa García al reclamarle que «es prioritario levantar ya las alfombras» y lamentó que «no merecemos un gobierno bajo sospecha». Los populares, por boca de Sonia Casaus, recuerdan que «había facturas duplicadas en un gasto a justificar por el director del organismo» y que denunciaron «al hijo del teniente de alcalde socialista por tener contratos de trabajo en el propio IMCJB, unos contratos que fueron firmados por el alcalde». Casaus espera que el juzgado «resuelva pronto toda esta trama».
Por su lado, el alcalde Rafa García anunció que ha solicitado al departamento legal que estudie la información remitida por Sonia Casaus, para conocer si han remitido información falsa y proceder a su denuncia ante los juzgados. El socialista asevera que una cosa «es la política, y otra muy distinta llegar a estos métodos tan rastreros y manipuladores por parte de un partido que ha visto disminuida su presencia en la Corporación de diez concejales a cuatro. No todo vale en un periodo de pre campaña electoral», declara.
